Presionarán por un ajuste inmediato para las tarifas

La escalada del dólar y la suba de los precios internos motorizarían en los próximos días una fuerte presión de las empresas privatizadas de servicios públicos para que el gobierno autorice un inmediato aumento en las tarifas.

Según voceros de esas compañías, los cuatro meses que teóricamente todavía faltan para que se defina un ajuste tarifario, «es un período imposible de transitar», debido a la suba de los insumos que se requieren para mantener los servicios, siendo que las inversiones están paradas desde principios de año.

Durante la semana pasada, la comisión renegociadora de los contratos mantuvo encuentros con las empresas eléctricas, las telefónicas, las gasíferas y Aguas Argentinas. Pero fueron reuniones de carácter formal en las que los representantes oficiales no adelantaron opinión y remitieron a un cronograma que intenta postergar un aumento de tarifas por lo menos por cuatro meses.

Según la presentación en «power-point» que tuvieron uniformemente todas las empresas (aunque fueron llamadas por sector), se está ahora transitando la semana N° 5 de las 15 que, de acuerdo con la comisión, se necesitan para llegar a convenios con cada compañía, y estar en condiciones de elevarlos a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía.

Después de pasar por esa dependencia, los acuerdos deben ser suscriptos por el ministro de Economía y, recién en ese momento, pasarían a ser analizados por las dos comisiones bicamerales que se ocuparán del tema: la formada por la Ley de Emergencia Pública y la llamada de «privatizaciones y reforma del Estado», que, en este momento está acéfala, desde que en diciembre el diputado Alberto Natale renunció a la presidencia.

•Gravoso

Si todo el trámite resultara fluido, podría estar refrendado por el Poder Ejecutivo en julio. Pero, según los voceros empresarios, «recuperar recién esa fecha, aunque sólo sea la evolución de los precios internos, podría resultar muy gravoso para los usuarios y políticamente poco presentable» para el gobierno.

Por eso la presión que ejercerían las compañías, sus casas matrices y hasta los diplomáticos de países europeos, para que se autorice, en un plazo más breve, un ajuste «a cuenta» en las tarifas.

En lo inmediato, la situación se complica, porque, a partir del 1 de mayo, empiezan a regir los precios del gas en boca de pozo para el invierno, que, hasta el año pasado, eran 25 por ciento más caros en dólares con respecto al verano. Por ahora, se mantiene en reserva de cuánto será la suba este año. El precio del gas de las productoras -Repsol, Total, Pan American Energy, Pérez Companc-está desregulado y establecido en dólares en los contratos con las distribuidoras de gas y grandes usuarios.

Esos contratos están actualmente pesificados, mientras se negocia el precio definitivo y el que regirá en el invierno. De lo poco que trascendió de las negociaciones entre esos sectores empresarios, se sabe que, en el valor del gas, la devaluación tiene un impacto distinto que en el petróleo. El crudo es un «commoditie», lo que significa que, si al productor no le satisface el precio del mercado interno, podría teóricamente exportar todo lo que produce.

Con el gas, el suministro a los países limítrofes ya está pactado y se planea con años de anticipación para dar tiempo a la construcción de gasoductos. Esto quiere decir que la exportación de gas tiene un techo que, a su vez, obliga a las productoras a dejar el producto bajo tierra si consideran que el precio interno no les asegura rentabilidad. Pero esto es prácticamente imposible cuando se trata de yacimientos que están en plena producción.

De todas formas, aunque la suba resulte inferior a la del año pasado en dólares, habrá un ajuste, y éste será trasladado a tarifas por las distribuidoras de gas y por las generadoras de electricidad.

En las empresas gasíferas, se cree que esa suba no podrá pararse, porque la Ley de Emergencia Pública pesifica las tarifas y elimina las cláusulas de indexación por inflación externa, pero no toca la ley de marco regulatorio del gas que prevé el pase a tarifas del mayor valor del gas en boca de pozo.

De esta manera, el 1 de mayo el gobierno debería autorizar subas en las tarifas de gas y de luz, debido al aumento de la materia prima. Pero a esto se suma el reclamo de las distribuidoras gasíferas y eléctricas para que se les autorice una suba en el margen propio de su actividad.

Además de esta complicación, desde el propio gobierno y desde las asociaciones de consumidores se está pidiendo una «tarifa social» para los hogares que se consideran por debajo del límite de pobreza.

Según una propuesta de una entidad de consumidores, se debería constituir un fondo fiduciario, con un aporte del Estado mediante eliminación de impuestos, una contribución de usuarios de mayores recursos y una rebaja de las empresas.

Esta iniciativa no sería aceptada por las compañías que creen que, si el Estado sacrificara impuestos, las tarifas bajarían en torno a 30 por ciento promedio. Pero, además, si parte de la tarifa social fuera financiada por el resto de los consumidores, el aumento para éstos sería todavía mayor, con impacto sobre el consumo y aumento de la morosidad. El panorama es, en síntesis, demasiado complicado, a lo que hay que agregar el peligro cierto de que baje la calidad de los servicios prestados. Pero, por el momento, esto no forma parte de las urgencias del gobierno.