El Código Penal establece que «los que se asocian para cometer delitos» serán castigados con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría. La Ley 2.230, que incluye «delitos en sociedades anónimas», autoriza penas de entre dos y cinco años de prisión.
El puntapié inicial fueron las denuncias de ahorristas de Paraguay y de Uruguay, que declararon haber sido perjudicados por depósitos en el Trade & Commerce Bank (TCB) de la isla Gran Cayman, una de las sociedades del grupo.
De la investigación también surgen responsabilidades penales de Juan Peirano Basso, prófugo de la Justicia, y a quien se señala como la cabeza del grupo Velox.
La Justicia continúa las investigaciones sobre otras actividades ilícitas con el Banco Alemán, en Paraguay, también del grupo Velox. Las irregularidades se concretaron mediante transacciones no documentadas y para las cuales el BM utilizó fondos transferidos por el BCU como parte de un programa de asistencia financiera.
La autoridad monetaria había prohibido expresamente hacer ese tipo de operaciones. Para sortear ese obstáculo, los banqueros realizaron triangulaciones ilegales.
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