Un informe que distribuyó Standard and Poor's hace referencia a que 70% de las divisas producidas por las empresas petroleras que extraen y exportan en la Argentina quedará como una especie de fondo («floating») que iría como salvataje a la grave crisis financiera del monopolio «Clarín». Standard and Poor's señala que se alteraría el Decreto 1.589 de enero de 1990 que permitía disponer libremente de esas divisas. Aquí se pudo saber que el fin de fondo sería acordar para el duhaldismo apoyo político del monopolio «Clarín» cuando entregue el gobierno y vuelva al llano y que la presión ante las petroleras que operan la estaría encabezando el propio ministro Roberto Lavagna. Ante la oposición de las petroleras, el ministro habría sugerido la creación de un fideicomiso de apoyo para el salvataje.
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Tal como se mencionara en artículos publicados anteriormente, Standard & Poor's incorpora en su análisis un creciente nivel de intervención estatal y el consiguiente impacto negativo sobre la rentabilidad y la capacidad de generación de fondos de las compañías debido a menores precios de realización (ya sea por impuestos implícitos o explícitos). Sin embargo, si se produce un cambio en el actual régimen legal de libre disposición de divisas en el exterior de las compañías del sector, Standard & Poor's probablemente reducirá las calificaciones de todas las compañías del sector, como resultado del impacto que esta medida podría ocasionar sobre la disponibilidad de financiamiento y flexibilidad.
De acuerdo con lo publicado por la prensa, las opiniones del procurador general se refieren a dos casos específicos y establecen que la Ley 25.561 (Ley de Emergencia Productiva), de enero de 2002, deja sin efecto la legislación particular del sector de petróleo y gas ya mencionada. Si bien las opiniones del procurador no son vinculantes, sí sientan precedente en materia administrativa y pueden ocasionar conflictos entre la industria y el Banco Central en lo que respecta al monto de los fondos provenientes de exportaciones que deben ser repatriados.
La eliminación de esta regulación tendría un fuerte impacto negativo en la industria alterando la ecuación económica que ya se encuentra fuertemente afectada por la pesificación de los precios del gas natural, los cupos de exportación (actualmente dejados sin efecto), las restricciones a las transferencias de fondos al exterior y las retenciones a las exportaciones impuestas en marzo de 2002. Adicionalmente, este cambio amenazaría la habilidad de las compañías del sector para continuar honrando sus obligaciones en moneda extranjera de acuerdo con los términos y exigencias originales y podría condicionar el financiamiento futuro. En este caso, el apoyo de los accionistas se convertirá en un elemento clave para cumplir con las obligaciones financieras. Por otro lado, dado que la industria de petróleo y del gas requiere un uso intensivo de capital, la disponibilidad de financiamiento es crítica para mantener los niveles de producción y empleo y, en consecuencia, los niveles de exportaciones. En el mediano plazo, requerimientos adicionales de repatriación de divisas resultarían en menores inversiones y desencadenarían un círculo vicioso de menor producción, menor empleo, menores impuestos y regalías, y menores retenciones a las exportaciones.
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