Por eso el radicalismo convocó para hoy una sesión especial en Diputados para exigir el tratamiento de esos acuerdos y enseguida fue acompañado por el socialismo, el ARI y la mayoría de los partidos provinciales que intentan evitar la sanción de hecho como lo establecen la Ley 25.790 y el Decreto 211 que fijan un plazo de 60 días para la ratificación o la sanción ficta ante la falta de un pronunciamiento del Congreso.
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