Realidad vs. ideología (sólo una esperanza)

En 1992 George Bush padre enfrentó a Bill Clinton en elecciones presidenciales. Bush era fuerte en política exterior, gracias a su hábil manejo del final de la Guerra Fría y a la exitosa campaña militar internacional para liberar a Kuwait. Su punto débil era la economía, que enfrentaba una severa recesión. James Carville, estratega de la campaña electoral de Clinton, logró torcer el foco de la contienda hacia las necesidades básicas de los ciudadanos norteamericanos gracias al eslogan: «La economía, estúpido». Como es sabido Clinton derrotó a Bush ese año.

Con el tiempo, la frase se popularizó como «es la economía, estúpido» y se usa para destacar lo esencial en diferentes contextos. Si la quisiéramos emplear para entender el debate legislativo de la ley que anoche eliminaba de un plumazo a las AFJP, la expresión debería ser: «Es la ideología, estúpido». En efecto, es gracias a que nuestros legisladores priorizan su ideología personal sobre el bienestar de los votantes que Néstor Kirchner logra la confiscación de cerca de $ 90.000 millones que corresponden al ahorro para la jubilación de millones de argentinos.

Descartemos de plano la premisa de que lo que se discutió en el Congreso es una reforma del sistema integral de jubilaciones y pensiones.

Las transferencias intergeneracionales son una política de largo plazo que no puede cambiarse radicalmente en pocas semanas con argumentos falaces. Menos cuando un año atrás el gobierno defendió públicamente, y mediante una intensa campaña publicitaria, la libre opción entre los regímenes de capitalización y reparto.

Impacto

En países realmente serios, las decisiones políticas sobre el sistema de jubilaciones demandan años de debate y, en general, se toman luego de extensos estudios técnicos sobre el impacto que posibles reformas tengan sobre el comportamiento y bienestar de los trabajadores y sobre el efecto agregado en la economía.

Si 80% de los afiliados en una AFJP el año pasado optó por permanecer en el sistema de capitalización, ¿cuáles son los fundamentos para destruir ahora este sistema? ¿Acaso el gobierno piensa que ese 80% somos estúpidos y no sabemos decidir lo que nos conviene? Una de las gaffes más risibles del kirchnerismo es que Amado Boudou publicó en junio de este año un trabajo académico sobre la elección de sistema de seguridad social usando datos individuales que llega a conclusiones opuestas a la ley ayer aprobada. En la primera parte del trabajo muestra que la teoría indica que «la conducta racional de los aportantes los conduce a permanecer en el sistema de capita-lización hasta cierta edad y luego pasarse al sistema de reparto». Y en la práctica se ve exactamente este tipo de comportamiento, lo que le permite a Boudou concluir que «con las decisiones efectivas de los aportantes, pare-ce que éstos han actuado buscando obtener los mayores ingresos para su etapa pasiva». Más claro, imposible.

Hemos razonado que el gobierno quiere eliminar las AFJP para hacerse del doble botín de los ahorros acumulados y del flujo de aportes de los afiliados a ellas. Siendo esto tan claro, ¿cómo es posible que en el Congreso hubo tantos legisladores de la oposición a favor de la ley propuesta por el gobierno? La respuesta es que «es la ideología, estúpido». La reacción inicial, instintiva, del radicalismo y de los ex aristas, del SI fue a favor, pues ideológicamente ellos defienden al sistema de reparto. Y esta preferencia ideológica domina la clara voluntad de 80% de los afiliados de permanecer en una AFJP. La ideología de legisladores también prima sobre la Constitución nacional, que defiende la propiedad privada.

Semejante divorcio entre las preferencias de los votantes y las acciones de los legisladores sólo se puede explicar por la falta de incentivos de estos últimos a actuar en beneficio de los primeros. Y esto ocurre gracias a las particularidades de nuestro sistema electoral que permite colar en una lista sábana a políticos que no tienen contacto real con la gente, más allá de algunas apariciones públicas antes de las elecciones. Lamentablemente, pareciera que está muerto el supuesto renacer del Congreso como institución de contrapeso del Poder Ejecutivo que esperanzados vimos en el rechazo de la Resolución 125 en julio de este año.

Las últimas reflexiones las dejo para el plano judicial. Algunos juristas argumentan que sería necesario probar que hay un daño real para declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Un trabajador que se jubile en diez años debiera esperar hasta ese momento para demostrar que sus haberes hubieran sido mayores en una AFJP que bajo el régimen de reparto. Claro que probar esto sería difícil, pero no imposible, si uno destruye las AFJP. Y no olvidemos que una de las ventajas del sistema mixto actual es que hay «competencia» entre las AFJP y el Estado. Eliminada la competencia, el Estado pronto va a perder el estímulo de proveer mejores jubilaciones. Más allá del daño eventual en el futuro, los aportantes a una AFJP podemos demostrar un daño real hoy.

En el sistema de reparto se paga una jubilación de acuerdo con una fórmula que define los beneficios, y que en la práctica se sujeta a la disponibilidad de recursos que tenga el Estado (basta ver la reciente ley de movilidad de haberes). En un sistema de capitalización se paga una jubilación de acuerdo con el valor acumulado de los aportes efectuados. La exposición a riesgos, y trayectorias esperadas, de las jubilaciones futuras son fundamentalmente distintas en los dos sistemas. Dado que es imposible afirmar que un sistema domine al otro, como se desprende del trabajo mencionado de Boudou, eliminar la libre opción entre los mismos constituye un daño real. No perdamos la esperanza de que jueces logren ver esta realidad, más allá de sus respectivas ideologías.

(*) Profesor de Economía en la Universidad de San Andrés.