Recalde dice que "no es una buena noticia que se abaraten despidos"

El diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, aseguró hoy que "no es una buena noticia que se abaraten los despidos", con la posible eliminación del sistema de doble indemnización a partir de la caída a un dígito del índice de desempleo.

Recalde insistió en que el Gobierno deberá emitir un decreto o una resolución para que finalmente quede sin efecto este beneficio indemnizatorio.

El titular de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados dijo que la primera discusión se originó en torno al porcentaje de desempleo y si se incluía a las personas que realizan una contraprestación a cambio de un plan social.

Al respecto, consideró que "no se puede incluir" como ocupados a los beneficiarios de planes sociales, y aclaró que el decreto emitido en 2004 exige que la eliminación de la doble indemnización sea realizada a través de un acto administrativo.

"En realidad, faltaría una resolución para darle más seguridad jurídica", consideró el legislador vinculado a la CGT, en declaraciones radiales.

Recalde sostuvo que "más allá de las polémicas, el desempleo bajó y esa es la buena noticia, pero no es buena noticia que se abarate el despido".

En el artículo tercero del decreto 823/04 se establece que cuando la desocupación baje a un dígito la desocupación la denominada doble indemnización tendría que ser eliminada.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó la semana pasada que ese sistema "ya no tiene razón de ser", en igual sentido a lo indicado días atrás por el presidente Néstor Kirchner.

De acuerdo con cifras del INDEC difundidas la semana pasada, el desempleo del segundo trimestre cayó al 8,5 por ciento, aunque si se cuentan como desocupados a quienes cobran planes sociales se eleva al 9,8 por ciento.

Hasta ahora, los empleadores deben pagar el 150 por ciento en concepto de despido a todos los trabajadores bajo relación de dependencia, contratados hasta el 31 de diciembre de 2002, que sean desvinculados de sus puestos.

Este cargo, que originalmente era del 200 por ciento, y que fue reducido a 150 por ciento, tenía como objetivo desalentar los despidos de los trabajadores que ingresaron a sus empleos antes del primero de enero de 2003.