Un tribunal boliviano rechazó el lunes el recurso de hábeas corpus que presentó la petrolera española Repsol-YPF y dispuso que siga la investigación sobre un supuesto contrabando de crudo cometido por una filial local de la compañía.
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El fallo, que convalidó una orden de captura dictada la semana pasada contra los prófugos representantes locales de Repsol-YPF, Julio Gavito y Pedro Sánchez, dejó libre el camino para que los fiscales del caso realicen el martes una nueva audiencia de investigación.
El lunes, Repsol-YPF volvió a declararse inocente, mediante enormes avisos publicados por diarios locales, en los que aseguró que, pese a las que considera 'desmedidas' actuaciones judiciales en su contra, está decidida a seguir trabajando en Bolivia.
El fallo fue anunciado tras una audiencia de casi tres horas en la que un tribunal de tres jueces escuchó la queja empresarial contra supuestas actuaciones indebidas de los fiscales que investigan un contrabando por 9,2 millones de dólares supuestamente cometido por Andina, filial local de Repsol-YPF.
"Se declara improcedente el recurso de hábeas corpus y la investigación debe continuar", dijo el juez presidente del tribunal, Ramiro Claros, señalando que los jueces consideraban que la actuación de los fiscales "se ajusta a la ley".
Los fiscales realizaron la semana pasada varios allanamientos, inclusive uno en las oficinas de Andina, en infructuosa búsqueda del español Gavito y el argentino Sánchez.
El abogado de la compañía, Abel Montaño, anunció tras la audiencia que utilizará "todos los recursos legales" disponibles para frenar el proceso, como un amparo constitucional o un recurso de nulidad, pero no confirmó si los prófugos Gavito y Sánchez se presentarán el martes ante los fiscales.
La compañía española, una de las principales operadoras del millonario negocio de gas natural de Bolivia, dijo que en el caso de haber irregularidades en las operaciones de exportación de crudo, en los dos años bajo investigación, éstas habrían sido sólo de carácter administrativo y no configuraron un delito penal.
El caso se refiere a un supuesto contrabando de 230.000 barriles de crudo cometido por Andina, una petrolera surgida de una privatización hace una década en la que Repsol-YPF tiene la mitad de las acciones más la administración.
Los fiscales dijeron que investigaban también una supuesta importación irregular de equipos, pero Repsol-YPF replicó que este caso era de responsabilidad exclusiva de un consorcio contratado para construir una planta de gas "llave en mano" para la firma española y varios socios.
En medio de estas dificultades, el presidente ejecutivo de Repsol-YPF, Antonio Brufau, visitó hace diez días al presidente boliviano Evo Morales, para ofrecer más inversiones destinadas a la industrialización del gas natural en proyectos cuya discusión en detalle todavía no ha comenzado, según informes oficiales.
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