El diferencial arancelario reavivó el conflicto con el campo

Los recientes anuncios vinculados a la creación de un Fondo Estabilizador del Trigo y la modificación temporal de las retenciones a los subproductos de la soja provocaron nuevas tensiones entre el Gobierno y el sector agropecuario.

El diferencial arancelario reavivó el conflicto con el campo.

Los recientes anuncios vinculados a la creación de un Fondo Estabilizador del Trigo y la modificación temporal de las retenciones a los subproductos de la soja provocaron nuevas tensiones entre el Gobierno y el sector agropecuario.

Para comprender el impacto real que tendrá la quita del diferencial arancelario en la industria de la soja es necesario tomar una foto de la situación actual del mercado de granos, donde se instaló una tendencia alcista que comenzó con el regreso a la “normalidad” en la post pandemia -donde el precio de los aceites fue y aún es protagonista- y se agravó ante el inicio del conflicto ruso-ucraniano.

Con el mundo en constante ebullición, commodities, granos y aceites coquetean con precios récord que provocan un incremento en la inflación global.

Desde las exportadoras aseguran que la quita del diferencial impactará negativamente en la competitividad de la industria oleaginosa nacional y que se reducirá la capacidad de pago de ésta al productor. Un reporte del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que estas modificaciones le quitan a la industria US$ 15 por tonelada de capacidad de pago, lo que redunda en menores ingresos al productor”.

Según los productores, no deberían existir alteraciones en cuanto al precio recibido. De hecho el reclamo de quitar el diferencial viene de vieja data, por eso no se entiende la dura reacción del sector primario que ya salió en algunas provincias a manifestarse en las rutas.

Evidentemente, hay pocos argumentos para confrontar en esta situación en particular, por eso el sector basa su reclamo en la inconstitucionalidad a la hora de fijar derechos de exportación por parte del ejecutivo y en la reiteración de esta clase de mecanismos que si bien constituyen un gran esfuerzo de la cadena agroindustrial, terminan con poca efectividad en en la góndola.

En el plano político la cuerda vuelve a tensarse y se reavivan las diferencias entre el campo y el Gobierno. Si bien la dirigencia rural buscará el apoyo de gobernadores y legisladores de las provincias agrícolas, por todo lo ocurrido en la historia reciente es casi imposible evitar que los mayores exponentes de la oposición política interfieran en el asunto.

Para evitar caer en trampas ideológicas, vale la pena recordar que el 14 de agosto de 2018, durante el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri, el ministro de economía de entonces, Nicolas Dujovne, anunció la suspensión de la baja de las alícuotas a las exportaciones de harinas y aceites de soja y tiempo después, en septiembre de 2019 derogó el diferencial arancelario que había quedado para los subproductos de la soja. Lo mismo que ocurrió el sábado último.

En aquel momento la situación de la Argentina era crítica -como lo es hoy- aunque no habíamos atravesado una pandemia y tampoco una guerra, en aquel momento la unificación de las alícuotas para porotos, harinas y aceite de soja fue tolerada por la dirigencia rural y aunque las entidades agrupadas en la Mesa de Enlace recordaron “estar en contra de las retenciones”, comprendieron la situación de emergencia económica del país y aceptaron el pedido presidencial.

Será interesante seguir de cerca la evolución política del conflicto porque mientras el Gobierno necesita de “la gallina de los huevos de oro” -como definió Julián Domínguez al sector agropecuario este fin de semana- el campo reclama reglas claras para afrontar en pocas semanas una nueva campaña de granos finos.

Tanto el oficialismo como la dirigencia rural tendrán que evaluar dos veces cada próximo paso porque un nuevo conflicto no le sirve a ninguno de los dos protagonistas. Mientras Domínguez resiste el avance del sector más duro del kircherismo que propone un avance mayor sobre los intereses del campo, la dirigencia rural tendrá que contener a ciertos grupos de productores vinculados a fuerzas opositoras que pretenden elevar el tono del conflicto.

A la Argentina le urge encontrar una solución a sus problemas internos, que sólo contribuyen a incrementar los índices de pobreza. Es necesario un nuevo consenso, aprovechar la suba de precios internacionales y hacer realidad las expectativas de exportación, que para el 2022 se calculan en US$ 85.000 millones y aportarían una recaudación por retenciones que se ubicaría en torno a los US$ 11.800 millones, contemplando el aporte recientemente instaurado.