Buenos Aires - Cotizar un precio que se aceptará 60 días después y se cobrará, con suerte, cinco meses más tarde. A ese cronograma, casi provocativo, deben sobrevivir los proveedores del Estado bonaerense.
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Ante la disparada del dólar y la espiral ascendente en que entraron los precios, en Buenos Aires -como en todo el Estado-el sistema de compra de insumos genera un alto riesgo: el desabastecimiento.
Según Daniel Amato, titular de la Federación de Proveedores del Estado (FEMAPE), esto tuvo un efecto puntual: infinidad de licitaciones públicas quedaron desiertas, y la provincia no puede reponer sus stocks de insumos.
«Nadie cotiza, nadie vende nada porque no pueden mantener las ofertas», dijo Amato y detalló que, en todos los sectores del Estado, ya se nota la falta de elementos: desde papel hasta servicios de diálisis.
Más de una vez, Felipe Solá desmintió que la situación sea ésa. Ayer, fuentes del gobierno reiteraron la explicación: «Vamos comprando y garantizando lo urgente. Puede que haya problemas puntuales, pero, en general, está cubierto».
En paralelo, se indicó que en el marco de la reforma de Estado que diseña Florencio Randazzo, asesorado por Marcos Makón, se prevé un capítulo especial para el régimen de compras que, aseguran, está «burocratizado». •Emergencia
Desde FEMAPE, acercaron al ministro de Economía, Gerardo Otero, una propuesta: fijar un sistema de emergencia para acelerar los procesos de cotización, licitación y compra.
En esencia, consiste en acortar el período de ofertas de 60 a 7 días y el plazo de pago de 180 a 30 días, lo que implica apurar o dejar de efectuar procedimientos de control. «¿No acarrea el riesgo que se salteen controles y alguno se aproveche de eso?», se le preguntó a Amato. «Esa es una responsabilidad política del gobernador. Hay una situación de emergencia que se debe resolver y ésta es una de las alternativas», contestó.
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