El Congreso está abocado por estos días a debatir los problemas que más preocupan al gobierno, como el incremento de jubilaciones que ordenó la Corte Suprema o una salida definitiva para las ejecuciones hipotecarias. Pero curiosamente cualquiera de esas cuestiones no tendrá solución en el ámbito parlamentario sino en el Poder Ejecutivo. No puede pensarse que los diputados y senadores decidan un incremento de haberes jubilatorios que pueda complicar los números del Presupuesto en 2007. Es lógico que semejante uso de fondos se decida en el Ministerio de Economía y así será. Algo similar sucede con las medidas propuestas para los deudores hipotecarios morosos que están en proceso de ejecución. Intenciones en el Congreso hay muchas, pero el final a ese proceso no se ve sino también en una decisión del gobierno.
El gobierno tiene hoy en debate en el Congreso los tres temas más polémicos ante la opinión pública: el incremento de las jubilaciones más altas que ordenó la Corte Suprema, la ley para acelerar el otorgamiento de créditos para vivienda a quienes alquilan y la solución para los deudores morosos de créditos hipotecarios en ejecución judicial. Esas tres cuestiones de difícil solución, curiosamente se ventilan en el Congreso pero se sabe que no será allí donde encontrarán una salida definitiva.
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Cualquiera de esos temas exige para su solución un aporte fiscal que el Congreso no puede decidir. Inclusive el incentivo para nuevos créditos hipotecarios, un lanzamiento del gobierno sin una salida concreta aún, tendría impacto si finalmente se decidiera actuar sobre un subsidio a la tasa de interés como pretende el sector. Si el camino de salida es por la contraria, es decir, trabajando sobre los bancos para que bajen tasas, como negocia ahora Economía, menos será la injerencia que el Parlamento pueda tener en esa solución.
Como fuera, la ley que el Ejecutivo ya giró al Senado tendrá, como otras iniciativas, un debate formal hasta que el gobierno llegue a una solución definitiva.
Fuera de ese tema, el panorama del aumento a las jubilaciones no es mejor. Mientras comisiones de Diputados y Senadores se reúnen con Sergio Massa, el titular de la ANSeS, para discutir soluciones que se anuncian como inminentes en el Congreso, la realidad indica que el gobierno está más atento al cálculo de cómo incorporará en el proyecto de Presupuesto nacional 2007 las partidas destinadas a financiar ese mayor gasto.
Se sabe que esos incrementos, como es lógico, se otorgarán en la medida en que el superávit fiscal y las obligaciones por cumplir lo permitan. Por eso no pueden tomarse como definitorias las negociaciones que lleven adelante los legisladores, y mucho menos ilusionar a los interesados.
Carga extra
El nuevo sistema, que tendrá aumentos escalonados, estará incluido en el Presupuesto 2007 que se enviará al Congreso el próximo 15 de setiembre, ya que el incremento implicará una carga extra de hasta $ 9.000 millones. Está claro que un Congreso que no está hoy habilitado para modificar una coma de cualquier proyecto que le envíe el Poder Ejecutivo, menos lo estará para resolver sobre semejante monto.
La misma falta de poder de decisión se muestra en la ausencia de solución para el problema de los deudores hipotecarios en proceso de ejecución judicial. Y no es que falten iniciativas al respecto. Después de cuatro prórrogas a la suspensión de los remates hipotecarios -la última hace un mes-, el chaqueño Jorge Capitanich se encerró para redactar una solución y convocó a un plenario de comisiones para debatirlo.
En dos ocasiones esos grupos de senadores se reunieron sin llegar a un acuerdo, mientras las marchas se suceden en la puerta del Senado en ocasiones importantes. La solución, como en otros temas, deberá llegar también del Ejecutivo y, a pesar de la buena intención de algún legislador, exigirá el uso de fondos, algo sobre lo que el Congreso no puede decidir.
