«Ternium anuncia que el Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (sic) ha expresado públicamente su rechazo a la última propuesta que la empresa le efectuara a las autoridades venezolanas como parte de la negociación de Sidor.»
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Así comienza el escueto comunicado que presentó la división de aceros planos del Grupo Techint ante la Bolsa de Luxemburgo. Lo que no explicita la carta es en qué consistió esa «última propuesta» presentada por el holding de Paolo Rocca.
Según fuentes del mercado, Techint básicamente pediría unos u$s 1.700 millones como indemnización por su 60% de la principal siderúrgica venezolana, y la promesa mutua de que ninguna de las partes (sindicatos, empresa, régimen bolivariano) harían futuras demandas que impidieran o bloquearan el acuerdo.
Esto fue lo que provocó la ira de Hugo Chávez, que anunció de manera unilateral el fin de las conversaciones con Ternium, y que se le pagará a la empresa lo que él decida y cuando él así lo disponga. Se sabe que Chávez pretendía poco menos que un traspaso gratuito de la privatizada, algo a lo que obviamente ésta no podría acceder. Por eso seguramente Chávez afirmó este fin de semana que «Techint me pidió u$s 4.000 millones, una cifra absurda, un insulto.»
¿Habrá lugar para volver a la mesa de negociaciones? Lo ciclotímico de las declaraciones del bolivariano parecerían prenunciar una respuesta negativa al interrogante que por estas horas se hacen en las oficinas de Techint.
Es que durante este fin de semana el jefe militar del régimen bolivariano reiteró sus ataques contra el grupo, pero casi al mismo tiempo insistió en la necesidad de dialogar, luego de que la semana pasada diera por terminadas las negociaciones.
Chávez calificó a los directivos de Techint de « irrespetuosos» y amenazó con «ir a fondo con los miles de millones de dólares que no pagaron en impuestos», al tiempo que aseguraba que «queremos acabar todo amistosamente. Si se quieren quedar aquí de socios, pues bienvenidos», para terminar amenazando con que, de lo contrario «quitémosle hasta el último tornillito que tengan aquí y no quiero verlos en Venezuela nunca más.» Se refería a la posibilidad -adelantada la semana pasada de manera informal por fuentes del grupo y luego confirmada en el comunicado del viernes- de que Techint acuda al CIADI, el tribunal donde se zanjan disputas por inversiones y contratos incumplidos entre empresas y Estados, en caso de que se confirme la intención bolivariana de confiscar Sidor sin acuerdo sobre la indemnización.
Apuesta redoblada
Las declaraciones de Chávez se produjeron luego de recorrer la planta de Sidor en Puerto Ordaz, acompañado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. «Nos piden que la República de Venezuela les garantice inmunidad ante cualquier reclamo posterior. Si yo hiciera eso estaría violando la Constitución», reiteró Chávez, para luego redoblar la apuesta: «Eso es un reflejo de cómo piensan estas transnacionales. Para ellos no hay ley, ellos son la ley».
Cabe recordar que en 1997 Techint pagó u$s 1.200 millones por 60% de Sidor, suma a la que la empresa le agregó inversiones por un monto que el grupo se niega a revelar, pero que off the record ubican en las cercanías de los u$s 1.000 millones. No parece verosímil, entonces, que Techint haya pedido u$s 4.000 millones de indemnización.
En tanto, y sin dudas para consolidar el apoyo sindical a la expropiación practicada por el chavismo, ayer se conoció que Sidor cambió el régimen de vacaciones de sus casi 5.000 empleados; hasta ahora gozaban de un piso de 34 días de descanso anuales, cantidad que se llevó a 45 jornadas hábiles remuneradas por año.
En tanto, sigue llamando la atención el preocupante silencio del gobierno argentino, que contempla impasible la confiscación de activos estratégicos de uno de los principales grupos empresarios nacionales. La reestatización (o « gobernización», como se ha dado en llamar entre la oposición venezolana a este proceso que abarca también a las comunicaciones, las alimentarias, las cementeras y el petróleo, entre otros sectores) de Sidor se anunció en abril pasado, y desde entonces no ha habido ni siquiera una declaración pública u off the record al respecto por parte del gobierno de los Kirchner.
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