“¿Cobrás en negro?” “¿Estás efectivo?” son frases que redundan en el vox populi argentino y están asociadas a la informalidad en el mercado de trabajo. Generalmente se refiere a personas que tienen empleos de mala calidad con salarios bajos y largas jornadas de trabajo. Podría relacionarse al bajo nivel educativo y social, pero lo cierto es que genera dificultades para acceder al sistema judicial y al sistema de protección social, incluyendo las medidas básicas de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, estas condiciones ubican en una situación de vulnerabilidad económica y laboral tanto a los propios trabajadores como a sus familias.
Dicha situación debe mirarse desde dos ópticas: por un lado desde el nivel más microeconómico que es la pérdida de bienestar del trabajador en cuanto a inseguridad e incertidumbre sobre su empleabilidad. En la parte macroeconómica, la menor obtención de ingresos por parte el Estado y la falta de eficacia en la asignación correcta de recursos. Es decir, si el Estado quiere brindar asistencia financiera ante una situación de desempleo o como se está viendo actualmente con la pandemia, hay una delgada línea para demostrar de manera transparente quienes forman parte de la “economía en negro”.
Este mercado informal no se maneja con dinero virtual ni cuentas bancarias para no dejar registradas las transacciones y así no tributar impuestos. Por lo tanto, dado que se manejan con efectivo, la menor circulación de personas frenó sus transacciones. Existen diversos motivos por los cuales puede desarrollarse esta dinámica, por un lado debido a la alta presión tributaria del estado hacia los empleadores que desincentiva el registro y blanqueo de las transacciones y trabajadores, también por los riesgos de juicios laborales que conlleva. Otra causa se debe a la poca estimulación del propio mercado laboral para reincorporar a trabajadores que han sido desempleados y que se ven obligados a iniciar actividades cuentapropistas.
De acuerdo a un mapa de la informalidad en Argentina elaborado en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC para el tercer trimestre del 2019 (ver cuadro), se observa que la tasa de informalidad alcanzó el 42% del total de los ocupados. Pero ¿quiénes se consideran informales a fines del cálculo? Trabajadores asalariados que no tienen descuento jubilatorio, aquellos cuentapropistas que no hicieron gastos de servicios en los últimos 3 meses, independientes que comprenden sociedades no legales ni registradas en IGJ, cuentapropistas que trabajan para una sola empresa o persona e independientes que trabajan en sociedades familiares no constituidas como sociedades legales.
Indudablemente la informalidad se relaciona inversamente con el nivel educativo, es decir a mayor nivel educativo menor es la probabilidad de obtener un trabajo informal. Así, por ejemplo se observa que el mayor grado de informalidad se encuentra en los niveles socioeconómicos más bajos que son sin instrucción educativa, primaria y secundaria incompletos y completos. Mientras que en los estratos sociales poseedores de educación superior se encuentran en los niveles más bajos de informalidad (ver gráfico).
En cuestiones de género, el empleo no registrado entre los asalariados repercute en mayor medida en las mujeres que tienen un 36% de informalidad con respecto al 34% de sus pares hombres.
Una vez establecido el mundo de los trabajadores informales y quienes lo componen, hay que observar las principales variables que reflejan las desventajas de este tipo de trabajo. Para los asalariados no registrados, el ingreso bruto medio de la ocupación principal estimado es de $28.655 y las tasas que paga el trabajador asciende al 14% del sueldo bruto que suman $4.011 (sin incluir el 3% de obra social). Por otro lado, el empleador destina el 19,2% del salario bruto del trabajador a pago de contribuciones por un monto de $5.501 (representa el promedio entre contribuciones para grandes empresas y pymes, se excluyen los pagos a obra social). Teniendo en cuenta estos pagos de impuestos y la cantidad total de trabajadores informales lo que el estado no estaría recaudando anualmente asciende a u$s 7.500 millones por tasas salariales y contribuciones patronales. La informalidad podría aportar alrededor de 1,7% del PBI en términos corrientes en ingresos para el Estado. Si se quiere tomar magnitud en términos de gastos del Estado, lo recaudado podría financiar 1,9 millones jubilaciones mínimas por un año ayudando así a reducir el déficit previsional. También relacionándolo con la pandemia y las necesidades actuales, se podrían entregar 37 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE), comprar 2.300.000 barbijos, 93.000 módulos de hospitales o 325 millones de kits de testeo.
La informalidad es un problema estructural en el país que causa deterioro en los trabajadores. Su reducción requiere, además de un contexto macroeconómico estable y de un conjunto amplio y coherente de políticas que apuntalen tanto la creación de nuevo empleo formal como la registración de los asalariados operando en la ilegalidad y la formalización de las pequeñas empresas las que también podrían contribuir a la registración del personal. A su vez, el acceso al crédito y a los mercados de capitales, inversión en infraestructura (logística/transporte) y en investigación y desarrollo son los pilares que impulsan el amplio crecimiento del sistema productivo. De esa forma poder cambiar la percepción que se tiene de un “país de dificultades” a un país que genera oportunidades donde cada ciudadano pueda explotar sus cualidades.
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