Activa el Gobierno giro de fondos que esquiva a gobernadores

Desde hace varios meses, el ministro Julio De Vido firma con intendentes -en muchos casos sin la presencia del gobernador- planes de obra pública para los municipios.

El Gobierno oficializó ayer un mecanismo de asistencia financiera directa a municipios que, en rigor, viene ejecutando de facto desde hace varios años.

Se trata de una disposición, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual los intendentes de todo el país podrán solicitarle «ayuda financiera» sin necesidad de recurrir a las administraciones provinciales. El Procedimiento para Solicitudes de Ayuda Financiera fue reglamentado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en base al Decreto 2.609/12 que Cristina de Kirchner firmó hacia fines del año pasado.

La medida fue recibida con sorpresa en el entorno de varios gobernadores, porque la consideran un golpe directo al poder político de los mandatarios.

Críticas

«Está claro que la decisión pulveriza lo poco que queda de federalismo», leyó, crítico, un funcionario cercano al cordobés José Manuel de la Sota.

También desde Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta, hoy en las antípodas del kirchnerismo, consideró que la herramienta «vulnera la economía provincial y la división de poderes». «La gente votó a un gobernador y no a un ministro de Planificación o a un jefe de Gabinete para que distribuya partidas alegremente a lo largo y ancho del país a cada uno de los municipios», graficó.

Más allá de darles un marco legítimo a futuros repartos, el Gobierno busca asegurarse de esta manera el respaldo político de los caciques del interior provincial, en un año de neto corte electoral.

Hay casos puntuales que incomodan a la Casa Rosada: la postura díscola de Daniel Scioli, de De la Sota, del santafesino Antonio Bonfatti, y del propio Peralta -caído en desgracia por su pelea con la Presidente, Máximo y Alicia Kirchner- actuó como fusible.

En esos cuatro distritos el malestar de los intendentes -aun de aquellos del mismo signo político que el gobernador- por el reparto de fondos viene siendo un verdadero dolor de cabeza. En Santa Cruz, los intendentes de Caleta Olivia y Río Turbio denunciaron ante la Justicia a Peralta por «malversación de fondos públicos». Argumentan que la administración provincial no les remite el dinero que les corresponde, especialmente en concepto de transferencia automática de la coparticipación federal, provincial y regalías. También el jefe comunal de la turística villa de El Calafate reclama remesas adeudadas y no descarta terminar en los tribunales locales.

En la provincia de Buenos Aires las quejas por la distribución de fondos de coparticipación y obras públicas están a la orden del día. A pesar de que la administración de Scioli asegura que muchos de los intendentes sumidos en batallas públicas fueron beneficiados por la reforma fiscal que se aprobó a mediados del año pasado, la ecuación parece no cerrarle, por ejemplo, a Jorge Macri (Vicente López) y Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), que amenazaron con recurrir a la Justicia si desde La Plata no les actualizaban las remesas de coparticipación.

En la misma tesitura se plantan decenas de alcaldes, preocupados por un panorama desalentador, donde la obra pública provincial no termina de alcanzar el ritmo deseado, pero donde la nacional se sostiene con promesas de partidas concretas que el ministro de Planificación, Julio De Vido, se encarga de distribuir dentro del plan «Más cerca».

Todo lo demás -entienden los intendentes- depende de que la Casa Rosada mejore la coparticipación. Algo que por ahora parece muy lejano.