Por primera vez, después de años de diferencias y estrategias divididas, todas las asociaciones de familiares y allegados a las víctimas del atentado a la AMIA preparan una declaración conjunta contra la movida del Gobierno de desinflar la querella oficial en el juicio oral por el encubrimiento de los responsables del atentado. El escándalo conocido la semana pasada con la renuncia de dos de los abogados que llevaban adelante la representación estatal en el proceso tendrá también su capítulo internacional con la denuncia de que la nueva posición gubernamental compromete el caso por la voladura de la mutual judía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El CELS está a cargo de la redacción de la presentación que buscará que la delegación que desembarcará en el país a mediados de año asista a las audiencias del juicio para generar presión.
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Las agrupaciones Memoria Activa, Apemia y 18-J están unificando posición ante lo que vislumbran como un intento estatal de hacer un "foja cero" y provocar la caída del juicio por encubrimiento que, entre otros, tiene en el banquillo de los acusados al expresidente Carlos Menem, toda su cúpula de inteligencia y al exdirectivo de la DAIA, Rubén Beraja, además del juez y los fiscales originales del caso. El episodio que desencadenó en el portazo de la abogada Mariana Stilman que argumentó que había recibido órdenes directas del ministro de Justicia, Germán Garavano, para que su querella dejara de tener un rol activo en el juicio, puso en alerta a los familiares. El mismo camino siguió Ezequiel Strajman, quien renunció en plena audiencia del jueves último, alegando los mismos motivos. Ambos señalaron a Miguel Inchausti como una suerte de "interventor" en la orientación de la representación estatal. Entre las querellas, despertó suspicacias el repentino cambio de rumbo.
Es más, rastrearon sus vínculos con Garavano hasta el año 1993, cuando ambos se desempeñaron en distintas secretarías del Juzgado Federal N°4. En ese entonces el titular de la cartera de Justicia era prosecretario de la Secretaría 10, mientras que Inchausti ocupaba el mismo rol en la 12. Pero el superior en ese entonces de Garavano era nada menos que José Barbaccia, luego fiscal de la causa AMIA, y hoy acusado por colaborar en su encubrimiento. La querella de los policías bonaerenses apuntó directamente al posible vínculo entre una de las juezas y su esposo, quien trabajaría en las filas de la cartera oficial. No se descarta que hagan un planteo en el juicio.
El comunicado unificado apuntará a demandar que se aborte cualquier intento de derivar el caso hacia un juicio en ausencia, tal como es la intención oficial, cuyos alcances en el proyecto de ley, reveló Ámbito Financiero. El reclamo internacional apuntará a la vulneración del decreto N° 812/05 que hace 12 años marcó el "acuerdo de solución amistosa" auspiciado por la CIDH en la demanda de Memoria Activa.
Desde Justicia respondieron extraoficialmente que no había cortocircuitos por el recambio de abogados; que se había decidido en esta etapa dar otro enfoque a la querella, más "equidistante" de los familiares y que ni siquiera debió haber trascendido porque Stilman no debió haber comunicado su decisión al Tribunal. El quid de la cuestión estará en los alegatos.
Dos noticias vinculadas al entramado de encubrimiento pasaron casi desapercibidas: el juez Sebastián Ramos resolvió dar por cerrada la investigación y -a pedido de la UFI-AMIA, el fiscal federal Ramiro González y las querellas-, firmó la elevación a juicio oral del excomisario inspector de la Policía Bonaerense, Luis Ernesto Vicat, y de la abogada Marta Nélida Parascándolo. Ambos están acusados de la coacción a los bonaerenses para desviar la pista. Era la misma causa donde hasta su fallecimiento, estaba procesado el titular de la Casación de Buenos Aires, Federico Domínguez. El Gobierno volvió a anunciar la desclasificación de los archivos de la exSIDE, pero con diferencia a lo dispuesto por Cristina de Kirchner, ordenó su centralización en la Secretaría especial AMIA, que dirige Mario Cimadevilla. "¿No se puede dictar la cosa juzgada írrita y resolver así lo de (Juan José) Ribelli?", preguntó un alto funcionario a los abogados de las querellas de familiares hace unos meses. Debieron explicarle que eso no era una solución dado que el Tribunal Oral Federal N°3 en el juicio AMIA I había concluido que toda la acusación había sido fraguada.
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