El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó ayer una serie de allanamientos en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta coordinación entre exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar causas contra dirigentes sindicales. El magistrado –luego del impulso de la fiscalía dado el martes- ordenó algo más de media docena de allanamientos y una orden de presentación sobre propiedades vinculadas con las personas que aparecen en el video en el cual el exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, habla de su deseo de activar una “Gestapo” contra sindicalistas, y en donde, sobre todo, se traza una hoja de ruta ilegal para preconstituir prueba en expedientes, en acuerdo con jueces y fiscales.
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Allanamientos múltiples a los partícipes de la reunión “Gestapo” para armar causas
En su mayoría, con resultados negativos. Banco Provincia porteño, el lugar de la reunión. Siete operativos, varios en actuales despachos en la Ciudad de los exfuncionarios de Vidal y la AFI.
El juez ordenó 7 allanamientos y una orden de presentación, según informaron fuentes con acceso a la investigación, que detallaron que en muchos casos los operativos se realizarán en las oficinas de trabajo de los involucrados en el caso. Los allanamientos fueron ejecutados por la Gendarmería Nacional, y dispuestos luego de que ayer la fiscal federal de La Plata Ana Russo impulsara la investigación e imputara a Villegas. Ámbito reveló que uno de los asistentes al encuentro que la fiscalía pidió identificar es el constructor Ricardo Alconada.
Los allanamientos se centraron en todas las oficinas de los que participaron de la reunión del 15 de junio de 2017. Sobre los empresarios, fuentes judiciales añadieron que también están siendo allanados los domicilios particulares y laborales de los integrantes de cámaras vinculadas con la industria de la construcción que participaron de aquel encuentro. En el requerimiento judicial tomó intervención el Director de la Oficina Anti Corrupción de la Municipalidad de La Plata, Lisandro Franco quien dio cumplimiento y entregó toda la documentación y el material solicitado por los agentes que intervinieron en las actuaciones por orden del juzgado de Kreplak. Según pudo saber este diario, el resultado del operativo fue negativo, ya que no encontraron elementos determinantes que fueran de interés para la causa en el despacho de Julio Garro, el intendente platense que estaba en la cabecera de la reunión, junto a la plana directiva de la AFI. El encuentro y los hechos ventilados en la denuncia de la AFI ocurrieron hace más de tres años.
Se allanó Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), el lugar adonde recaló el ex Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destéfano. Específicamente, su oficina. También la Gendarmería acudió al domicilio de Dario Biorci, el cuñado de Silvia Majdalani y exjefe de Gabinete de la AFI de Gustavo Arribas. También se determinó que el encuentro ocurrió en la sede porteña del Banco Provincia, algo que podría incidir en la jurisdicción en la que quede radicada. El juez de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi pidió incorporar el video al expediente que tiene, heredado de la justicia federal de Lomas de Zamora, donde quedó trunco el capítulo de espionaje en la provincia de Buenos Aires, luego de que le quitaran la causa al juez Federico Villena.
También se allanó el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el despacho de Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires). Lo mismo ocurrió en el Ministerio de Salud de CABA, donde se desempeña Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), y se solicitó autorización a la legislatura bonaerense para proceder en el despacho del senador provincial de Juan Pablo Allan.
Así avanzó con premura la denuncia que dio origen a esta investigación que fue presentada el lunes por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”. Puntualmente, le gestión fue para encarcelar al exgremialista de la UOCRA platense Juan Pablo “Pata” Medina.
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
Reacciones
El presidente Alberto Fernández se refirió al video y advirtió que “son de una enorme gravedad institucional”. Planteó que la escena “no sólo muestra a altos funcionarios del Estado comprometidos en el armado de causas para perseguir a sindicalistas, sino que parecen mostrar también un sistema de espionaje interno dentro del mismo Gobierno de Mauricio Macri”. En ese sentido, el jefe de Estado apuntó que “la Justicia tiene ahora la tarea de seguir adelante con la investigación” y recordó que en su primer discurso presidencial se comprometió “a terminar con los sótanos de la democracia y que nunca más las instituciones sean usadas para espiar o perseguir a los ciudadanos”. En tanto, el ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, sostuvo que el episodio es “el escándalo institucional más grande desde el retorno de la democracia”. “Vivimos en un Estado de sitio sin saberlo, ya que se suspendieron las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo Alak respecto al gobierno de Cambiemos que encabezó Vidal. Agregó que así lo dejó “en evidencia “el video, que mostró que “estas maniobras exceden el concepto de mesa judicial y configuran un Estado al servicio de la persecución judicial propio de nuestro pasado autoritario”.
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