AMIA: embargan otras cinco propiedades de prófugo iraní

El fiscal federal Alberto Nisman pidió ayer el embargo de cinco propiedades en la provincia de Buenos Aires que figuran a nombre del ex «agregado cultural» de la embajada iraní Mohsen Rabbani, uno de los acusados por el juez Rodolfo Canicoba Corral de haber organizado y financiado el atentado contra la sede de la AMIA. Rabbani -junto con otros siete acusados por el atentado- está prófugo y buscado por Interpol.
En diálogo con este diario, Nisman explicó que «se trata de cuatro propiedades en el partido de Cañuelas y otra en Ciudadela, donde funcionaba una radio que propalaba consignas antisemitas y en la que aún vive el dirigente islámico Mohsen Alí». Este clérigo, cabe recordarlo, ha hecho público de manera reiterada su apoyo a los grupos terroristas Hizbulá y Hamás, y ha encabezado demostraciones antiisraelíes en las que se enarbolaron banderas de esas organizaciones. Hizbulá ha sido sindicada por Canicoba Corral como la responsable de la autoría material del ataque contra la mutual judía, que dejó 85 muertos.
Los embargos se iniciaron a pedido de un damnificado por ese atentado, que reclamó en una acción civil una indemnización de u$s 1 millón. Ante esa acción, Nisman pidió informes a todos los registros de la propiedad inmueble del país; el primer resultado provino del de la Capital Federal, que identificó seis locales comerciales en el barrio porteño de Flores (en las calles Gaona 3387/95 y Terrada 1111/35) y en los que funcionan una parrilla, un maxikiosco, una carnicería, un locutorio, un garaje y una pizzería.
«Creíamos que eso era todo, y de hecho nos concentramos más en la búsqueda de cuentas bancarias de los iraníes acusados y sobre los que pesa pedido de extradición», dijo Nisman. Sin embargo, para sorpresa del fiscal, el registro de la provincia de Buenos Aires respondió que Rabbani también tiene a su nombre otras cinco propiedades.
En una de ellas funciona una mezquita fundada por el propio Rabbani en la que -según se denunció en la causa AMIA- se dio alojamiento a quien a la postre sería el terrorista suicida que condujo la camioneta Trafic cargada con explosivos que derrumbaron el edificio de la calle Pasteur 633. Esa propiedad -más un terreno adyacente- no podrá ser embargada por estar destinada a «uso religioso», pero las otras cuatro quedaron inhibidas hasta que -algún día- el juez de la causa civil disponga su remate y se distribuya el producido entre los damnificados por el ataque terrorista.
«Las propiedades de Terrada fueron valuadas por los peritos de la Corte Suprema en u$s 800.000; las de Cañuelas y la de Ciudadela todavía no sabemos cuánto pueden valer; el hallazgo es demasiado reciente», agregó Nisman.
Luego del primer embargo, el grupo Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado le reclamaron al fiscal que estimara los daños totales y se prorrateara el producido de las posibles confiscaciones entre todas las víctimas. Así, la Justicia determinó u$s 1 millón para los heridos en el ataque, u$s 5 millones para los familiares de las víctimas fatales y un total de u$s 850 millones por los daños materiales.
Lo más cerca que está la Justicia argentina de alcanzar algún tipo de resarcimiento son las cuentas que tiene el ayatola Akbar Hashemi Rafsanjani en Alemania y en Francia, y que rondarían los u$s 40 millones. El religioso era presidente de Irán al momento de cometerse el atentado (la Justicia argentina determinó que el mismo fue decidido y planificado en ese país, y financiado con fondos iraníes) y en la actualidad ocupa la posición clave de titular de la Asamblea de Expertos, un órgano que está por encima de la autoridad del presidente Mahmoud Ahmadinejad.