Aportantes: Irurzun alivia al Gobierno con “chuteo” de caso

Con decisión unipersonal, en cabeza de Martín Irurzun, la Cámara Federal apartó ayer al juez federal Sebastián Casanello de la causa que investiga los presuntos falsos aportes de Cambiemos a la campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires y ordenó remitir ese expediente al juez electoral de La Plata, Adolfo Ziulu, que los había reclamado. La polémica resolución llega luego de que el mismo tribunal decidiera unificar las denuncias por 2017 con las irregularidades de la campaña presidencial de 2015, ante coincidencias en el objeto procesal. El mismo camino podría seguir el expediente a cargo del juez platense Ernesto Kreplak, quien al igual que Casanello había resistido entregar su caso (con delitos penales bajo investigación y medidas en curso) a la justicia electoral. Se aplaca así un problema para la Casa Rosada con la unificación del affaire bajo la órbita de eventuales infracciones al Código Electoral, lo que disipa la imputación por lavado de dinero, usurpación de identidad y falsificación de documento público ante la corroboración de que las fichas de afiliación al PRO de beneficiarios de planes sociales habían sido falsificados para hacerlos figurar como aportantes.

La investigación apunta a determinar cómo personas que no dieron el consentimiento ni tienen condición económica suficiente figuran como aportantes de la campaña electoral de Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires, la que llevó como candidatos principales a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. El juez electoral Ziulu le había reclamado la competencia del caso en línea con lo pedido por el secretario general de la Presidencia Pablo Clusellas, en su rol de apoderado del PRO. "Como se ve, a la fecha y con independencia de su significación jurídica, tanto el Juzgado n° 7 de este fuero y ciudad como los magistrados a cargo de los Juzgados Federales n° 1 y 3 de la ciudad de La Plata se encuentran investigando la eventual existencia de ilícitos en derredor del proceso electoral llevado a cabo en el año 2017 por la Alianza Cambiemos Buenos Aires. La duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos, que involucrarían a las mismas personas de uno y otro lado del conflicto es inconveniente", dijo Irurzun. Como tenía sede en territorio bonaerense y allí se ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado, entonces correspondería que se investigue lejos de Comodoro Py.

"No conmueve lo expuesto la circunstancia de que una parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social, pues la hipótesis en punto a que la información pudo haber sido obtenida de los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no alcanza, por si misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina", concluyó el camarista que hizo lugar al giro que planteó el fiscal Carlos Stornelli quien inicialmente dio curso a la causa pero cedió ante el reclamo de Ziulu y se quejó a Irurzun por la negativa de Casanello.