Apoyado por paramilitares, Ortega lanzó brutal ataque al mayor bastión opositor

Todas las conexiones terrestres fueron bloqueadas. Al cierre de esta edición los activistas informaron tres víctimas fatales. Crece la presión internacional por un cese de la violencia en Nicaragua.

LUTO. Manifestantes cargan el cajón de José Esteban Sevilla Medina, muerto a tiros por la Policía en Masaya. La fotografía fue tomada poco antes del inicio de la ofensiva.

Managua y Nueva York - La ciudad de Masaya resistía un feroz ataque de las fuerzas paramilitares del Gobierno de Daniel Ortega, en un nuevo intento de desarticular la resistencia en el barrio de Monimbó, símbolo de las protestas que dejaron cientos de muertos desde abril en Nicaragua. Anoche informaron de tres muertos. Mientras tanto, la presión internacional se incrementaba de la mano de Estados Unidos y la ONU, que denunció "torturas" y violaciones de los derechos humanos.

Más de 2.000 hombres fuertemente armados con ametralladoras entraron disparando a mansalva a esta ciudad de 100.000 habitantes ubicada a 30 km. al sur de la capital, revelaron pobladores. Algunos testimonios dieron cuenta del aislamiento: las vías fueron bloqueadas por antimotines y parapolicías que ingresaron a bordo de 37 camionetas y rodearon Masaya.

Las campanas de las iglesias sonaron al tiempo que ráfagas de armas de todo calibre se escucharon por todos lados de Masaya, continuaron los testigos.

"Las balas están llegando hasta la parroquia María Magdalena, en donde está refugiado el sacerdote" de ese templo, denunció en Twitter el arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, mientras la comunidad internacional intensificó sus llamados a Ortega a cesar la violencia.

"Están ametrallando las casas de manera irresponsable, el mensaje es que al que saque la cabeza lo matan, es un menaje de terror", denunció el secretario de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva.

"Hago con todas mis fuerzas humanas y espirituales un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua", urgió el nuncio en el país, Stanislaw Waldemar Sommertag.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, pidió "enérgicamente" al presidente Ortega "que no ataque a Masaya". "La continua violencia y derramamiento de sangre promovidos por el Gobierno en Nicaragua deben cesar inmediatamente. El mundo está observando", escribió Palmieri en Twitter.

La acción de las fuerzas gubernamentales forma parte de la llamada "operación limpieza" que policías y paramilitares iniciaron semanas atrás para desalojar de las calles a los manifestantes que exigen desde la salida del poder de Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna desde 2007.

La operación de ayer, en la que se observaron francotiradores, se concentró en el barrio indígena de Monimbó, donde la población levantó barricadas de adoquines de hasta dos metros.

"Nos están atacando con armas de alto calibre, es uno de los ataques más fuertes que lanzaron a Masaya, se oyen detonaciones y disparos de ametralladoras", relató Cristian Fajardo, dirigente del movimiento estudiantil 19 de Abril. Los muchachos resisten "con morteros y piedras", agregó.

Es un "exterminio, una masacre, un genocidio lo que se pretende cometer contra Masaya. Ortega está librando una guerra criminal en contra de su pueblo", condenó por su parte la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

La ciudad de Masaya se declaró en rebeldía contra el Gobierno desde que estallaron el 18 de abril las protestas antigubernamentales que reclaman la salida del Gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Masaya es el único bastión rebelde que el Gobierno no ha logrado doblegar en los operativos realizados en las últimas semanas.

El secretario de la presidencia nicaragüense, Paul Oquist, aseguró este martes que "el intento de llevar a cabo un golpe de Estado en Nicaragua ya está acabado" y abogó por terminar de resolver la crisis mediante la reanudación del diálogo.

"El golpismo fracasó", afirmó Oquist en Bruselas en una entrevista con AFP.

En medio de las protestas, el parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó el lunes una ley que castiga con 15 a 20 años de prisión el terrorismo. La tipificación incluye a las personas que cometan actos con el propósito de "alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o abstenerse de hacerlo", lo que según la oposición, busca criminalizar las protestas.

Por su parte, el portavoz de derechos humanos de la ONU, Rupert Colville, denunció que en el país "se están cometiendo un amplio rango de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y se le está negando al pueblo el derecho a libertad de expresión".

"La gran mayoría de violaciones son cometidas por el Gobierno o por elementos armados que parecen estar trabajando en coordinación con ellos", aseguró Colville.

Entre el viernes y domingo la violencia recrudeció luego de que grupos armados progubernamentales y efectivos de la fuerza pública irrumpieron en universidades tomadas por manifestantes y rompieron los bloqueos de vías en varias ciudades dejando una decena de fallecidos.

Agencias AFP y Reuters, y Ámbito Financiero