Apura Berlusconi su polémica ley contra ilegales

Roma - Silvio Berlusconi va en serio: con algunos trucos y tres votaciones de confianza, el primer ministro italiano está logrando superar los obstáculos del Parlamento a su controvertida Ley de Seguridad y Extranjería. La Cámara baja ya dio ayer su consentimiento al texto, pendiente aún de la ratificación del Senado antes de entrar en vigor.

En el futuro, habrá en Italia patrullas de seguridad civiles para frenar el crimen en las ciudades, del que muchos italianos reponsabilizan a los inmigrantes en situación ilegal.

Además, la permanencia de refugiados en centros de internamiento previos a su deportación puede prolongarse hasta seis meses. La controvertida ley prevé también el pago de hasta 200 euros para obtener el permiso de residencia en Italia. Éstas son sólo algunas normas criticadas por la oposición y por muchos medios como «xenófobas».

El conservador jefe de Gobierno tuvo que apelar a una moción de confianza -y vincular la aprobación de la ley a una sobre su gobierno- en la Cámara baja para sacar adelante su proyecto, después de que fracasara un primer intento de lograr el apoyo necesario, cuando obtuvo votos en contra de sus propias filas.

Con la moción de confianza, Berlusconi se aseguró el resultado positivo de la votación de ayer, pues su coalición de derecha dispone de una amplia mayoría y no quiere jugarse el poder.

La política migratoria de Italia cosechó en los últimos meses fuertes críticas internacionales. «La criminalización de los inmigrantes» amenaza con «reforzar las ya visibles tendencias xenófobas» del país, advirtió hace menos de un mes el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, que se manifestó preocupado por el retorno forzado de inmigrantes a Túnez.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) habló ayer de un «peligroso derecho de asilo», después de que cientos de inmigrantes encontrados en el mar fueran deportados directamente a Libia antes de poner sus pies en suelo italiano. En 2008 las medidas previstas por Italia contra inmigrantes rumanos de la etnia roma desataron las críticas en la Unión Europea (UE).

La nueva «ley para la seguridad» obliga también a los funcionarios del Estado a denunciar ante la Policía a inmigrantes en situación ilegal. Ello «pone en peligro derechos fundamentales de los extranjeros», que ya no podrán ser escolarizados, ir al médico o casarse, protestó ayer el sector de izquierda en una manifestación ante el Parlamento.

Asociaciones de médicos consideraron la regulación «irresponsable» y «contra el juramento hipocrático», mientras los medios ya informaron de casos de extranjeros que por miedo acudieron al médico demasiado tarde o ni siquiera se dejaron tratar.

También fue muy criticada la amenaza de prisión para los italianos que alquilen una vivienda a extranjeros sin permiso de residencia.

Organizaciones humanitarias y miembros de la oposición denunciaron la sanción de la inmigración ilegal con multas de entre 5.000 y 10.000 euros y la «peligrosa» norma de no permitir el registro de los recién nacidos. Con ello se convertirían, según denuncias, en «niños invisibles».

Italia está en camino de «volver a la barbarie», criticó Luca Volonté, del partido democristiano UDC. El ministro del Interior, Roberto Maroni, de la derechista Liga Norte, lo consideró «un cuento de la oposición» y una interpretación errónea del texto.

El permiso prolongado de internamiento en los campamentos que se convertirían en campos de repatriación, así como la legalización de las patrullas civiles locales fueron aprobadas ya por el Gobierno a finales de febrero por un procedimiento rápido.

Sin embargo, el decreto venció a los 60 días, previamente a ser votado por el Parlamento. Antes, se habían vivido violentos casos de racismo y «autojusticia» por parte de italianos tras registrarse varias violaciones en grandes ciudades. El Gobierno acalló entonces las protestas alegando que con la ley quería evitar que los ciudadanos se tomaran la justicia por su mano.

La ley será llevada al Senado y con probabilidad aprobada definitivamente «como muy tarde a finales de mayo».

Agencias DPA y Reuters