ART: empresarios dicen que crecerá industria del juicio

Héctor Méndez

Las reuniones y llamadas telefónicas del fin de semana entre empresarios tuvieron como primer fruto un duro comunicado de cinco entidades contra el decreto que aumenta las indemnizaciones por accidentes de trabajo sancionado por el Gobierno la semana pasada.

Las firmantes son cinco de los miembros del Grupo de los Siete: la Unión Industrial Argentina (UIA), ambas CAC (comercio y construcción), la Bolsa porteña y ADEBA (bancos nacionales).

A última hora de anoche voceros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que preside Luis Pagani informaron que -si bien no firmaban el documento- «adherimos en todos sus términos a lo allí expresado por las cinco entidades».

En sentido inverso, los únicos que no suscriben el documento son las dos asociaciones del campo que forman parte del G-7, o sea la Sociedad Rural (SRA) y CRA, sector al que no afecta la modificación del régimen de ART.

Sin embargo, la Rural emitió ayer su propio documento en el que se leen planteos muy similares a los de sus entidades hermanas, y que lleva el inequívoco título de «La SRA rechaza la modificación a la ley de riesgos de trabajo».

Allí puede leerse la razón de que no firmaran con las otras entidades: «Pese a que el campo sufrirá las consecuencias de estos cambios, fue excluido una vez más de las negociaciones, e incluso quienes fueron invitados a discutir no están conformes con los resultados». Está claro que las heridas de la falta de solidaridad con el campo del resto del empresariado en la pelea por las retenciones tardarán en sanar.

Ayer, los abogados laboralistas de los firmantes se reunieron en la UIA para darle forma a un comunicado que se venía conversando desde el mismo día en que el Gobierno lo anunció. Una vez escrito el texto se lo remitió a los cinco presidentes (Méndez, Carlos de la Vega, Jorge Brito, Adelmo Gabbi y Carlos Enrique Wagner) quienes lo revisaron y ordenaron su difusión.

Allí se afirma que el decreto 1694/09 «incrementa los costos laborales, agrava el problema de la litigiosidad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo». Desde que la Corte Suprema habilitó la denominada «doble vía», el número de pleitos laborales pasó de 2.000 a las actuales 70.000 causas, por un monto aproximado a los u$s 2.500 millones.

«Lamentamos que tras cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave», agrega el documento. Fue ésa una de las quejas principales que debieron escuchar los dirigentes de sus bases, en especial en la UIA: por los despachos de sucesivos ministros de Economía (arrancó con Felisa Miceli) y del titular de Trabajo Carlos Tomada pasaron multitud de proyectos de modificación del régimen; sin embargo, al momento de «legislar», se impuso el criterio defendido por Tomada respecto de que al aumentar las indemnizaciones bajarán las demandas judiciales casi automáticamente (habla de un 60%). Desde la UIA argumentan lo contrario: las cifras fijadas en el decreto serán un piso para los reclamos, y no incidirán sino en forma negativa en el número de demandas judiciales. El fallo de la Corte permite a los damnificados cobrar el monto fijado por ley a las ART y reclamar ante la Justicia un monto mayor.

El comunicado termina con los empresarios exhortando «al Gobierno nacional a proteger efectivamente a los trabajadores, brindar horizontes previsibles a la producción y evitar la artificiosa litigiosidad contra las empresas».

En otras palabras, le piden que atienda al menos de manera parcial alguno de los planteos empresariales: que los accidentados opten por una de las dos alternativas (cobrarle a la ART o ir a la Justicia) y se deshabilite la «doble vía». También preocupan a los empresarios las demandas iniciadas por accidentes «in itinere» (en viaje a/o desde el lugar de trabajo, no cubiertos por las ART y que recaen totalmente sobre el patrimonio del empleador) y la inclusión entre las enfermedades profesionales de patologías de difícil comprobación.

En diálogo con este diario, uno de los firmantes de la declaración dijo que el decreto del Ejecutivo «incentiva la industria del juicio y permite acumular los beneficios de dos regímenes que -se supone- se excluyen mutuamente: el de ART y la acción judicial».