Auditores a los gritos por quién maneja la prensa

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La Auditoría General de la Nación aprobó ayer diez ar-tículos que reglamentaron la decisión de hacer públicas las sesiones del órgano de control, en una reunión que terminó a los gritos a raíz de una última disposición que el oficialismo propuso sobre tablas y fue aprobada por mayoría, con manifiesta oposición por parte de algunos integrantes del cuerpo. La reunión era muy esperada, ya que la oposición había denunciado que el Colegio de Auditores (de mayoría oficialista) iba a presentar dos proyectos vinculados al manejo de la comunicación y a las atribuciones del presidente del organismo, Leandro Despouy.
Entre las modificaciones aprobadas por unanimidad se encuentran, en primer lugar, la declaración de que las sesiones son públicas, la publicación del temario de la reunión 48 horas antes de su realización, la citación de funcionarios y miembros de la AGN para que declaren en esas reuniones, el establecimiento de un orden de prelación para que asistan ministros, asesores y miembros de la prensa, la delimitación de un espacio específico para los medios y la presencia de un taquígrafo oficial, entre otras medidas.
Anexos
Las propuestas anunciadas no fueron presentadas, lo que la oposición calificó de «un triunfo». Sin embargo, Oscar Lamberto aseguró ayer que finalmente se había desistido de discutir el control de la comunicación, porque habían descubierto que ya está bajo la órbita del Colegio de Auditores. Hace poco le fueron entregados al cuerpo dos anexos de un acta del organigrama de la AGN en los que se estipula que la comunicación está a cargo del secretario de Legal y Técnica, que depende del cuerpo. Lamberto agregó que al Colegio le interesaba puntualmente el funcionamiento del portal, «que debe comunicar notas institucionales, como todos los organismos del Estado». Sostuvo, además, que al establecer reuniones públicas, todos se convertían en voceros, los medios podían tener acceso así a todas las posturas.
Por otro lado, la medida que disparó el debate consiste en la adopción como estatuto supletorio del reglamento de la Cámara de Diputados. Una norma que, según la oposición, encubriría un intento de recorte de funciones para el presidente radical del órgano de control. Esa cláusula establece que, en caso de existir una polémica sobre el modo de funcionamiento de la AGN, se utilizará el reglamento de Diputados, que incluye las decisiones por mayoría y, entre otros aspectos, no permite que el presidente del cuerpo opine, sino que debe limitarse a coordinar la sesión. La propuesta, sin embargo, se enmarca dentro del principio de derecho argentino, que plantea que el estatuto de esta Cámara siempre debe funcionar de forma suplementaria al de los distintos organismos.
Denuncia

La discusión de fondo entre el oficialismo y la oposición, en realidad, remite a una pelea, que se disparó a fines del año pasado, cuando el Colegio de Auditores acusó a Despouy de «filtrar» información a la prensa antes de que fuera aprobada por el organismo. La auditoría en cuestión era un informe sobre un presunto caso de sobreprecios por $ 150 millones en el tendido eléctrico de Santa Cruz, que había sido denunciado por los diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez y Juan Carlos Morán. A partir de este conflicto, la oposición denunció la pretensión del cuerpo de auditores (controlado por el oficialismo) de querer recortar las atribuciones de Despouy, especialmente en lo que refería al manejo de la comunicación. Acusación que siempre fue rebatida por el oficialismo.
A pesar del ruidoso y abrupto final, tanto el Lamberto como Despouy coincidieron en calificar de «un avance positivo» la reunión, ya que las modificaciones votadas (9 de 10 por unanimidad) apuntan a modernizar el organismo y hacerlo más transparente. El presidente de la AGN, sin embargo, afirmó que el último planteo de los auditores kirchneristas había «empañado» la jornada, al imponer por mayoría «una medida intempestiva e inusitada cuyas consecuencias son difíciles de prever». Argumento que Lamberto rebatió al afirmar que ya existía un acuerdo total sobre el texto y que, si bien no estaban de acuerdo con este último punto, sí estaban informados.
Despouy adelantó, además, que no iba a aplicar la norma supletoria, así como remarcó la necesidad de que el Congreso discuta pronto una nueva reglamentación, según lo estipulado por la Constitución de 1994 y que el organismo espera hace años.

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