Auditoría General revisará ahora las cuentas de Madres

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Las asociación Madres de Plaza de Mayo debutará en la Auditoría General de la Nación. Tras la crisis que estalló con la salida de Sergio Schoklender de la organización, como encargado de administrar el plan de viviendas y las obras de Madres, comenzaron a llover en el Congreso los pedidos de informes de la oposición sobre el uso de los fondos públicos que fueron y son transferidos a esa ONG. En esto la Coalición Cívica había hecho punta con un pedido a la UIF para analizar los movimientos de fondos de Schoklender, pero ahora la situación se complica.

Ayer, el radicalismo pidió una auditoría «del proceso de adjudicación y gestión de obras de construcción y mejoramiento de viviendas llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales, financiadas con fondos nacionales de manera directa o por intermedio de transferencias a provincias o municipios».

El pedido fue hecho por el jujeño Gerardo Morales e implica que la AGN se aboque al tema, ya que la orden para iniciar la auditoría debe darla la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y allí la oposición no tiene problemas para aprobarlo. Aunque parezca difícil de creer, habida cuenta de que se trata de fondos públicos aportados a una organización que a través de una empresa construye viviendas en todo el país, incluso en algunos casos como única ejecutora de esos planes sociales, la AGN nunca había auditado hasta ahora el manejo de esos fondos, simplemente porque nunca se instruyó para que lo hiciera.

En la presentación se «solicita especial atención al caso de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Misión Sueños Compartidos», exigiendo detalles sobre licitación de las obras, proceso de adjudicación, evaluación de costos de referencia, mecanismos de readecuación de precios, tiempos de ejecución, evaluación de calidad de las obras y mecanismos de adjudicación de los beneficiarios finales de los planes de vivienda.

Así, se pidió que esa auditoría se incorpore inmediatamente al Programa de Acción Anual 2011.

La cuestión no se escapará de la sesión de mañana en el Senado y quizás tampoco de la que oposición y oficialismo intentaban armar en Diputados. Allí, los bloques opositores apuraron la presentación de pedidos de informes, que se suman al de Elsa Quiroz, que lleva un año de espera. Ricardo Gil Lavedra, por ejemplo, le pidió al jefe de Gabinete que «brinde un informe pormenorizado de los fondos públicos asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas, a través de la Misión Sueños Compartidos o de cualquier otro programa destinado a tales fines, detallando los montos transferidos con dicho objeto a esa entidad, las fechas de las transferencias y los actos administrativos, junto con sus antecedentes, que respaldaron dichas asignaciones».

Hasta allí lo lógico para una investigación de este tipo. Pero hay documentación que exige la oposición que será más complicada de mostrar: copias de «los certificados de obra que en cada caso se emitieron para solicitar las referidas transferencias de fondos, junto con toda la documentación de respaldo en función de la cual se decidió la entrega de tales sumas de dinero».

Ese punto fue el que generó a fin de enero de 2008 -poco más de un mes después de la asunción de Mauricio Macri en el Gobierno porteño- la toma de la Catedral por parte de las Madres de Plaza de Mayo. El pedido de certificados para destrabar los desembolsos del Banco Ciudad para la construcción de viviendas (en ejecución de los planes que había firmado Jorge Telerman con las Madres) terminó con una crisis entre Macri y la asociación que finalmente tuvo que soportar Jorge Bergoglio en el templo porteño.

Dos cuestiones intentará ahora ventilar la oposición en el Congreso y que pueden aplicarse también al caso de la Ciudad: se pide al Gobierno que explique «en base a qué estudios e informes se resolvió que la Fundación Madres de Plaza de Mayo poseía la idoneidad técnica y operativa, y la capacidad económica, para construir viviendas sociales con fondos públicos» y «si la adjudicación de la construcción de viviendas sociales se realizó en el marco de algún proceso licitatorio en el que pudieron postularse otras entidades o si fue una decisión puramente discrecional».

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