El Senado aprobó el miércoles la designación al frente de la Procuración Penitenciaria de la Nación a la candidata propuesta por el oficialismo, Silvia Martínez, quien cuenta con 19 impugnaciones de organismos de derechos humanos, entre ellos, el CELS, organización ligada al kirchnerismo.
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Si el pliego de Martínez es aprobado también por la Cámara de Diputados, terminará así la gestión del actual procurador, Felipe Mugnolo, cuestionado por Aníbal Fernández desde que en noviembre de 2007 difundió un crítico informe sobre torturas en las cárceles.
El cargo de procurador penitenciario corresponde a la oposición, pero el kirchnerismo consiguió aprobar la designación de Martínez, ya que, según trascendió, el gobierno le habría cedido el cargo de defensor adjunto de la Nación al radical sanjuanino Juan Minguez.
La designación de Martínez, explicaron desde los pasillos del Congreso, se da en medio de la pulseada entre el ministro de Justicia Fernández y el CELS para controlar la Procuración Penitenciaria. Remo Carlotto era el principal candidato del oficialismo para asumir en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero como Daniel Scioli no lo designó en ese cargo, su madre, Estela de Carlotto, apoyó la designación de Martínez para ganar terreno en la administración bonaerense.
Martínez se desempeña en la Comisión de Cárceles de la Defensoría General, en tanto la UCR defendió la postulación del actual procurador, Mugnolo, mientras que el senador de la Coalición Cívica Samuel Cabanchik defendió la nominación del abogado Ernesto Moreau.
Martínez ocupará el cargo desde el cual se vela por los derechos de los presos, y su designación se produjo luego de que el radicalismo retiró la postulación de Mugnolo.
De este modo, Martínez logró 43 votos a favor y 10 en contra, más de los dos tercios de los presentes, requeridos por ley.
Al tratarse este tema, se planteó una discusión sobre cómo realizar la votación -que debe ser nominal-, entre tres candidatos, ya que el sistema electrónico sólo permite sufragar por sí o no.
Luego de que se escucharon varias propuestas, el radical Juan Carlos Marino reconoció que su candidato no podría reunir los dos tercios, y aceptó a Martínez, facilitando al oficialismo los dos tercios necesarios.
Mugnolo se desempeñaba como procurador penitenciario en ese cargo desde 2000, y en diciembre de 2003 se sancionó la Ley 25.875 que creó el cargo y establece que es el Congreso el que debe elegir a dicho funcionario.
Sin embargo, el Poder Legislativo no hizo uso de esa facultad hasta el día de hoy, y Mugnolo siguió en ese cargo.
El reemplazo de Mugnolo es consecuencia del conflicto que mantuvo con el Servicio Penitenciario Federal, a partir de la difusión de una encuesta que elaboró la Procuración, según la cual 63% de los presos dijo haber sufrido agresiones físicas.
Ese informe fue cuestionado por el gobierno, y una de las voces críticas fue justamente la de Silvia Martínez, de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General.
Martínez tiene 41 años, es abogada y trabaja en la Justicia desde 1987. Fue secretaria letrada en el juzgado criminal Nº 5 de Lomas de Zamora y en la Cámara Federal Porteña.
Desde 1993 fue defensora oficial ante los jueces de instrucción y la Cámara del Crimen, y a partir de 2005 es cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
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