La acusación fue interpuesta el pasado 11 de marzo por parte de los diputados del derechista partido Renovación Nacional (RN) Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards. El caso se centra en un millonario negocio inmobiliario en el que participaron Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, al adquirir terrenos en la región de O'Higgins con un préstamo facilitado por el dueño de uno de los mayores bancos de Chile y venderlos luego a un mayor valor. El crédito se aprobó un día después de que Michelle Bachelet ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 15 de diciembre de 2013, cuando Dávalos trabajaba como gerente de proyectos de Caval, la compañía que recibió el dinero.
Con este recurso judicial se busca establecer la participación en presuntos delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias por parte del hijo de Bachelet, del actual secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda en la región de O'Higgins, Wilfredo Valdés; de la arquitecta Cinthia Ross; y el exdirector de la municipalidad de Machalí, Jorge Silva. La querella apunta a investigar posibles gestiones para cambiar el plan regulador de la región de O'Higgins y elevar la plusvalía de las haciendas Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego, adquiridos por la sociedad Caval, de la cual es propietaria en un 50% Compagnon.
El caso desató uno de los peores escándalos políticos conocidos en Chile y golpeó fuertemente la popularidad de Bachelet, quien según una encuesta difundida ayer tiene sólo un 30% de aprobación y un 60% de rechazo.
La propia mandataria se refirió ayer indirectamente al caso y dijo que todas las personas en Chile son iguales ante la ley. "Quiero ser muy clara en decir que mi Gobierno tiene un compromiso profundo con la transparencia frente a los hechos que hemos conocido. Aquí no hay dos miradas: vamos a colaborar en todo lo que se necesite para que sea investigado, aclarado y sancionado por los organismos competentes", dijo Bachelet en una actividad pública. "Acá no hay ciudadanos de primera o de segunda, frente a la Justicia somos todos iguales", agregó, sin nombrar directamente a su hijo.
Por otra parte, el Gobierno desmintió ayer que a Margarita Soto, la madre de Compagnon que se desempeña en la estatal Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), se le hubiera más que duplicado el sueldo en el último año, unos 3.600 dólares mensuales, como publicó un periódico. Según la Junji, Margarita Soto gana unos 1.550 dólares y la cifra anterior la recibió por única vez el pasado enero por la acumulación de varios beneficios no permanentes.
Este caso estalló en medio de otro mediático juicio por delitos tributarios y soborno que enfrenta uno de los conglomerados económicos más importantes e influyentes del país, el grupo Penta, que por años financió de manera ilegal a políticos de la derecha opositora.
| Agencia EFE, AFP y ANSA |
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