La presidenta Dilma Rousseff decidió reducir la meta de superávit fiscal primario (antes del pago de deudas) del 1,1% del PBI previsto originalmente a un magro 0,15%. En dinero, esto supone un ahorro fiscal en 2015 de 2.716 millones de dólares desde el objetivo inicial de 20.600 millones, dijo el Ministerio de Planificación.
El Gobierno anunció, además, un recorte adicional de gastos por 8.600 millones de reales para este año (2.670 millones de dólares).
Seguramente, esto será interpretado por los analistas como una reducción del compromiso oficial con las políticas de austeridad del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, ya que éste intentó que el nuevo recorte fuera más fuerte, de 20.000 millones de reales.
La Bolsa de San Pablo reaccionó a las versiones sobre este tema con una caída del 1%. El anuncio puntual de la nueva meta se conoció una vez que el mercado había cerrado.
Dada la profundización de la recesión (este año cerrará con una caída del PBI de entre el 1,7% y el 2%, según analistas privados), el Ministerio de Planificación discrepaba de Levy y reclamaba que no hubiera ningún ajuste adicional. Rousseff finalmente zanjó la disputa con ahorros nuevos por los mencionados 8.600 millones de reales.
Al revisar parcialmente la línea económica considerada ortodoxa, Rousseff adoptó una medida que fortalece al ala política del gabinete, preocupada por la caída de su popularidad.
Una encuesta de la consultora MDA señaló el martes que el apoyo a la mandataria se redujo a un raquítico 7,7%, mientras que el rechazo a su gestión subió al 70,9%.
En tanto, el porcentaje de los brasileños que desean que la mandataria sea sometida a juicio político por los escándalos de corrupción se eleva ya al 82,8%.
Anticipándose a posibles reacciones negativas, Levy, un hombre del mercado y vinculado en el pasado con el banco privado Bradesco, aclaró en una conferencia de prensa que el Gobierno no está abandonando la disciplina fiscal y que la decisión de recortar la meta de superávit se produjo por la reciente baja de los ingresos fiscales.
El superávit primario representa el ingreso disponible para cubrir el pago de los compromisos de deuda. Como tal, es seguido de cerca por inversores y agencias calificadoras de crédito en Wall Street.
La evolución de la deuda es la mayor preocupación del mercado, ya que planea sobre Brasil la amenaza de las calificadoras de riesgo de una pérdida del codiciado grado de inversión, lo que encarecería los créditos para el país. Con el ajuste inicialmente previsto se pretendía cerrar el año con una deuda pública del 63,4% del PBI (contra el 58,9% del año pasado) y la idea era llegar al 61,9% en 2018. Todo esto deberá ahora ser recalculado.
"La posición fiscal de Brasil seguirá siendo bastante desalentadora por un tiempo", dijo Edward Glossop, economista de Capital Economics. "Un modesto superávit primario no será suficiente para evitar que aumente la carga de la deuda de Brasil".
Asimismo, se estima ahora que el Gobierno tendrá que recortar su meta de ahorro fiscal para 2016 del 2% del PBI, debido a que la desaceleración económica es mayor que lo anticipado, aseguró uno de los funcionarios.
Durante gran parte de la década pasada, Brasil registró superávits primarios superiores al 3% del PBI a medida que controles de gasto más estrictos y un auge de las materias primas llenaron las arcas públicas.
Eso cambió cuando Rousseff reemplazó a Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero de 2011 y otorgó miles de millones de dólares en exenciones fiscales a las empresas, en un fallido intento por reactivar una economía paralizada.
Desde su reelección en octubre, Rousseff adoptó nuevas políticas favorables al mercado y se comprometió a equilibrar las cuentas del Gobierno para recuperar la confianza de los inversores.
Sin embargo, esas políticas de austeridad la enfrentaron con el ala izquierda de su Partido de los Trabajadores y, sumadas al escándalo de corrupción en Petrobras, contribuyeron a derrumbar la imagen presidencial.
| Agencias Reuters y ANSA, y |
Ámbito Financiero
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