Brasil pone más control a ingreso de capitales

Guido Mantega

Brasil puso un impuesto del 1,5% en ciertas negociaciones que involucran American Depositary Receipts (ADR) emitidos por las compañías brasileñas. El tributo será cobrado cuando los inversores extranjeros conviertan los ADR de compañías brasileñas en acciones emitidas a nivel local, buscando cerrar un vacío legal que permitía mantener los flujos de inversión hacia las acciones sin impuesto.

El ministro de Hacienda, Guido Mantega, dijo que algunos inversores extranjeros han estado comprando ADR brasileños y convirtiéndolos en acciones emitidas localmente para ganar exposición en el mercado brasileño, sin tener que pagar el impuesto del 2% sobre los flujos de capital, conocido como IOF, iniciado en octubre.

«Cuando implementamos el IOF, había preocupación en la Bolsa brasileña en el sentido de que estaríamos transfiriendo algunas inversiones hacia Nueva York», dijo Mantega en una conferencia de prensa en Brasilia. «Estamos igualando la situación», agregó.

Nelson Barbosa, el secretario de política económica del Ministerio de Hacienda, dijo a periodistas tras el anuncio que no hay nuevas medidas adicionales en vista.

Mantega explicó que el nuevo impuesto, que tendrá efecto a partir de hoy, complementará a la tasa anunciada el mes pasado. El Gobierno implementó el cobro del impuesto sobre los flujos de inversiones extranjeros en acciones locales y valores de renta fija el 20 de octubre en una apuesta por frenar al real brasileño, que se ha apreciado cerca de un 36% este año ante el dólar.

Ese impuesto ayudó a que el real se debilitara suavemente, pero la divisa ha recuperado su tranco mientras los inversores extranjeros siguen colocando dinero en los mercados financieros brasileños en busca de altos retornos. El impuesto del 1,5% a los ADR fue menos drástico de lo que algunos analistas y participantes del mercado estaban esperando. El mercado se había plagado de especulaciones en las últimas semanas sobre que el Gobierno tomaría severas acciones para frenar lo que varios funcionarios han llamado flujos «especulativos».