Bs.As. limitó las excarcelaciones

Buenos Aires - La Legislatura bonaerense sancionó finalmente ayer la reforma del Código de Procedimiento Penal, promovida por el gobernador Daniel Scioli, que impone límites a las excarcelaciones -y a todo tipo de morigeración de penas- para los procesados con prisión preventiva y transforma los tribunales en juzgados unipersonales, con el objetivo de agilizar causas penales.
Se trata de una de las estrategias desplegadas por el mandatario justicialista para hacer frente al flagelo de la inseguridad en la provincia y, puntualmente, al malestar social frente a la última escalada de episodios delictivos protagonizada por procesados beneficiados por polémicas detenciones domiciliarias, de la mano de la burla al uso de las pulseras magnéticas.
El avance de la iniciativa había amenazado con empantanarse esta semana frente a los cuestionamientos legislativos y judiciales, aunque luego intensas negociaciones llevadas adelante hasta última hora del lunes permitieron destrabar la sanción de ayer.
Poco antes, el propio Scioli había reclamado públicamente una aprobación «sin demora» de la reforma penal para «terminar» con las arbitrariedades en materia de excarcelaciones.
Al final, las modificaciones en el Código fueron aprobadas con los votos del PJ-Frente para la Victoria, mientras que se ganaron el rechazo de los diputados de la UCR, Recrear, la Coalición Cívica y Libres del Sur. Veamos los puntos centrales de la flamante reforma -de cerca de 25 artículos- que festejó ayer el sciolismo:
La ley -que recibió la media sanción restante en Diputados- estipula criterios objetivos a los que deberán ajustarse los jueces de Garantías al momento de otorgar las excarcelaciones, para espantar el fantasma de la discrecionalidad a la hora de repartir ese beneficio.
Así, quedó definido que la alternativa a la prisión preventiva sólo podrá ser establecida en tres casos, de carácter humanitario: ante mujeres embarazadas o con hijos menores de cinco años; mayores de 70 años o enfermos terminales, siempre y cuando no haya peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa.
La norma prevé, además, que, para el resto de los casos, la morigeración a la prisión preventiva sólo podrá ser concedida en forma excepcional, y previa vista al fiscal de la causa para que emita un dictamen.
La norma incluye, asimismo, cambios en la estructura de los Tribunales Orales, con el objetivo de agilizar las causas en trámite en el fuero penal y acortar los plazos de juicio.
De esta manera, los Tribunales Orales en lo Criminal -de tres miembros- se transformarán en juzgados unipersonales, para intervenir en los delitos que contemplan una pena inferior a los 15 años de prisión o reclusión, y siempre y cuando el imputado preste su conformidad.
«Actualmente, hay tres jueces que atienden una causa; lo que se propone es que sean tres jueces atendiendo tres causas», graficó el ministro de Justicia, Ricardo Casal.
También se establece que si el imputado está privado de la libertad, la Investigación Penal Preparatoria -que llevan adelante los fiscales- no podrá exceder los dos años salvo casos excepcionales, en los que se podrá prorrogar por otros dos.
La iniciativa dispone, además, la creación en cada departamento judicial de una Secretaría de Gestión Administrativa para llevar un registro de los detenidos con más de dos años con prisión preventiva y aún sin sentencia de primera instancia.
Modifica también las facultades de particulares damnificados en los procesos penales, al dotarlos de mayor autonomía si el fiscal decide no abrir acusación contra el imputado.
El proyecto, aprobado días atrás en el Senado, fue enviado a la Legislatura tras casi 3 mil consultas desplegadas por el Ministerio de Justicia provincial a todos los actores que conforman el sistema judicial bonaerense.