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El tribunal evaluó que si bien las expresiones de la denunciada pudieron ser "hirientes", fueron realizadas en ejercicio de sus roles como diputada nacional y se refirieron a asuntos de interés público. Los jueces destacaron que "en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público" y citaron al respecto jurisprudencia argentina y la vigencia de tratados internacionales de protección al derecho a la información.


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