2 de septiembre 2011 - 00:00

Caso Candela: investigación habla de ajuste de cuentas

La madre de Candela, Carola Labrador, ingresó ayer al cementerio de Hurlingham acompañada por vecinos. Una multitud participó del sepelio.
La madre de Candela, Carola Labrador, ingresó ayer al cementerio de Hurlingham acompañada por vecinos. Una multitud participó del sepelio.
Las investigaciones en torno al crimen de Candela Rodríguez se concentraron más ayer en la hipótesis sobre un eventual ajuste de cuentas contra familiares de la víctima. El padre de la menor amplió su declaración y dejó entrever -según trascendidos- algunos vínculos, además de pedir ser trasladado del penal por cuestiones de seguridad. En tanto, la Policía allanó un locutorio y se secuestró una camioneta.

En su testimonial, Alfredo Rodríguez, padre de Candela, insistió en que no tiene enemigos ni «cuentas pendientes», pero deslizó que el crimen de su hija podría vincularse a una venganza de alguien que pudo haberlo creído informante de la Policía. «Si esto fue un vuelto para mí, cosa que no creo, es porque hicieron correr en el barrio que yo era buchón de la (Policía) Federal», sostuvo.

Rodríguez estaba alojado en el penal de Magdalena y tras conocerse el homicidio de su hija fue llevado al de Ituzaingó, ya que aún le resta cumplir parte de una condena por piratería del asfalto. Ante la Justicia, pidió ayer ser trasladado nuevamente a Magdalena, aunque también solicitó que se le conceda «arresto domiciliario» o «salidas transitorias», invocando razones de «seguridad».

El miércoles, el mismo día del hallazgo del cuerpo de la menor en un descampado de la localidad bonaerense de Hurlingham, el hombre había dicho que no existía ninguna persona de la que pudiera temer alguna represalia en su contra, al tiempo que reconoció parcialmente la voz de un hombre que hizo un llamado extorsivo a la tía de la menor.

La Justicia orienta la investigación sobre la familia de Candela en medio de fuertes sospechas de que su secuestro y posterior asesinato puedan deberse a un ajuste de cuentas del asesino con algún miembro del entorno directo de la niña, cuyos restos fueron inhumados ayer en una multitudinaria ceremonia (ver aparte). «Se comenzó a analizar el entorno de un grupo que también se dedicaba a piratería del asfalto con el que podría haber estado vinculado el padre y otro grupo que podría haber tenido que ver con secuestradores y que estaría relacionado con otros parientes de la familia, pero esas investigaciones no dieron fruto a tiempo», dijo el fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate.

Las sospechas de los investigadores sobre la familia de Candela incluyen a una de las tías de la niña, quien recibió 48 horas antes de hallar el cuerpo un llamado extorsivo para que entregara dinero a cambio de la liberación de la nena, que a esa altura ya llevaba una semana desaparecida. También se volvió a mencionar como eventual implicado al exmarido de la madre de Candela, identificado como Ricardo Manuel Perrota, quien tiene antecedentes por robo calificado y tráfico de drogas, y purgó varios años de condena en prisión.

En esta nueva línea investigativa se intenta determinar si el reclamo de dinero planteado a la familia de Candela en una llamada extorsiva pudo estar vinculado a Perrota. «Si tomamos por cierto el contenido de esa llamada y efectivamente le estaban reclamando algo que existe a la familia y la familia dice que no sabe de qué se trata, alguien ocultó algo, no hay ninguna duda», expresó Nieva Woodgate, poniendo en la mira a los vínculos más cercanos de la niña. Además, una fuente externa al Gobierno sostuvo que altos funcionarios sabían de irregularidades y situaciones confusas en la familia y que 48 horas antes de encontrarse el cuerpo ya manejaban la teoría de que la niña había sido asesinada.

En tanto, el fiscal Tavolaro tiene previsto volver a citar a declarar a Carola Labrador, madre de Candela, aunque el momento dependerá del tiempo del duelo que atraviesa la mujer. Además el funcionario no descartó que a medida que avance la investigación, la causa sea recaratulada como «secuestro extorsivo seguido de muerte».

Por su parte, en el marco de la investigación, se secuestró una camioneta utilizada para el reparto de alimento de mascotas, en el que se habrían hallado indicios de que pudo haber sido empleado para transportar a la niña asesinada. Uno de los datos que se manejaba es que entre las bolsas en las que se había tapado el cuerpo de la nena, había una que era de alimento de mascotas. Además, fuentes ligadas a la investigación confirmaron que se allanó un locutorio en la Capital Federal, de donde se sospecha se habrían realizado varias llamadas extorsivas a la familia de la niña.

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