Caso Greco, modelo para venta de SRA

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El radicalismo le recordó en estos días a Cristina de Kirchner que la única solución para el conflicto por el decreto que revirtió la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural es que siga el mismo camino que el Gobierno de Néstor Kirchner tomó frente al polémico intento de pago para resarcir a los herederos del ex Grupo Greco. En ese momento, durante el paso de Felisa Miceli por el Ministerio de Economía, la realidad indicaba que el Estado seguía siendo acreedor del exgrupo.

Ese intento de pago, encubierto dentro de un pedido de autorización al Congreso para la emisión de bonos, fue denunciada en el recinto por el radical Gerardo Morales y tuvo eco inmediato en Miguel Pichetto, que pidió suspender inmediatamente el tratamiento de ese expediente. Se frenó así un pago indebido de $ 587 millones que luego la Justicia terminó de revertir en el expediente.

Por eso es que ahora Morales le recuerda al Gobierno que debería seguir ese mismo camino si insiste en ir marcha atrás con la venta de La Rural y no presionar con un decreto presidencial.

"El Decreto 2552/12 que anula la venta de un predio a la Sociedad Rural Argentina (SRA) de diciembre pasado constituye un acto más de abuso de poder dictado por un Gobierno que ha perdido la noción de República y la división de poderes", le dijo Morales ayer a este diario.

"El Poder Judicial está para hacer cumplir la Constitución y, fundamentalmente, para laudar entre los intereses de particulares y entre los particulares y el Estado. No le corresponde a la Presidente decretar la nulidad de un decreto que -como acto de Gobierno- se encuentra firme desde hace más de 20 años", avanzó el protagonista de la investigación en el caso Greco.

"Por otro lado, la corporación SRA tendría que pensar en vindicarse ante la sociedad y explicar de sus vínculos con todos los gobiernos civiles y militares. Particularmente, sobre el trámite de compra del predio de Palermo, debe dar cuenta del precio (vil o no); de por qué no canceló en 2004 la obligación asumida con el Estado; de si se cumplió con la premisa de uso para actividades propias del objeto societario; de si estaba permitida la constitución de una empresa prestadora de servicios, entre otras dudas que permanecen aún en medio de una absurda contienda", dice Morales.

Y recomienda: "Recordemos cómo se resolvió el caso Greco, que fue bastante parecido. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para pagar la suma de $ 587 millones a ese grupo. Gracias a la debida intervención del bloque de senadores de la UCR y la atención del senador Miguel Pichetto, se impidió su tratamiento en la Cámara alta. Así, el ministro Miguel Peyrano (reemplazante en Economía en esos tiempos) impulsó una acción judicial para propiciar la caída de un decreto del mismísimo Menem junto a actos administrativos de varias gestiones que indebidamente buscaban un resarcimiento a los empresarios. Como quedó demostrado: era una deuda con el Estado por 178 millones de pesos".

De ahí que se recomiende, como en ese caso, la intervención judicial: "El camino correcto es ése: que el Poder Ejecutivo acuda al Poder Judicial para anular actos propios del Estado que se encuentran firmes. Así se hizo en 2006 entre el Gobierno y oficialismo y oposición en el Congreso. Luego, el fallo del juez Soto anuló todos actos administrativos y evitó un pago indebido poniendo al Grupo Greco como deudor del Estado como correspondía".

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