9 de junio 2011 - 00:00

Caso Kheyvis: una indemnización que se demoró 18 años

El frente del boliche, en donde el 20 de diciembre de 1993 murieron 17 jóvenes tras incendiarse el lugar.
El frente del boliche, en donde el 20 de diciembre de 1993 murieron 17 jóvenes tras incendiarse el lugar.
La Justicia argentina otra vez mostró su lentitud a la hora de actuar. En este caso tuvieron que pasar 18 años para que se decidiera indemnizar a los familiares de las 17 víctimas de la tragedia ocurrida el 20 de diciembre de 1993, cuando el boliche Kheyvis se prendió fuego en plena fiesta de fin de curso. La jueza a cargo de la causa estableció que la Municipalidad de Vicente López debe resarcir económicamente a los padres con un total de $ 50 millones. Pero esto, lejos de traer alivio, reaviva el dolor y los recuerdos de los familiares. «No me van a comprar a mi hijo», dijo Rubén Buganem, uno de los padres.

La decisión fue tomada por la jueza civil Gabriela Paladín, que estableció diferentes montos según el daño moral y psicológico que sufrieron las familias. Los abogados enviados por el intendente distrital negaron los cargos ya que, aseguran, el boliche «contaba con las medidas de seguridad exigidas por las normas vigentes» y que el incendio fue culpa «de la conducta delictiva de un tercero» y que «se trataba de una fiesta de la que el municipio no tenía conocimiento».

Pero según Paladín, «más allá de haberse probado que el origen de la tragedia fue intencional», eso no «excluye de responsabilidades» a los funcionarios y tampoco a la aseguradora Mapfre Aconcagua, que había sido contratada por los dueños de la discoteca.

Esta decisión por parte de la Justicia no deja conformes a los padres. Y allí surge una comparación casi inevitable con la tragedia ocurrida en 2004 en el boliche República de Cromañón, en el que murieron 194 personas. Pero en este caso fueron más afortunados porque pudieron participar de un proceso oral que a los padres de Kheyvis les fue vedado.

Versiones que circularon en medios locales aseguraron que Enrique García, que preside el municipio desde 1987, apelaría la sentencia de primera instancia para que sea analizada por tribunales superiores.

La capacidad máxima de alojamiento del boliche era de 150 personas, pero esa noche el número era ampliamente superior y alcanzaba a los 600. La disco debía tener todas sus salidas de emergencia habilitadas y los materiales de construcción no debían ser inflamables; sin embargo, nada de eso se cumplió, como también pasó en Cromañón, una historia que se repite una y otra vez.

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