Ciccone: secretaria negó ayer haber visto a Adelmo Gabbi

Adelmo Gabbi

Las declaraciones testimoniales solicitadas por el fiscal federal Jorge Di Lello, en la causa Ciccone, continuaron ayer con la presentación de la exsecretaria de Amado Bou-dou, Natalia Soto, quien se expresó sobre la denuncia que realizó el vicepresidente contra el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, por presunto intento de soborno. En ella sostuvo que este último habría hablado presuntamente de una coima para que la empresa Boldt desistiera de competir por el negocio de impresión de billetes. Soto no aportó información nueva a la denuncia y además explicó que no había presenciado reuniones entre Gabbi y su exjefe.

En el descargo que presentaron en la fiscalía federal a cargo de Jorge Di Lello, el martes, además de responder la denuncia de Amado Boudou por presunto «tráfico de influencias», apuntaron contra el actual procurador general, Luis González Warcalde, la diputada Graciela Ocaña (Udeso) y el diputado Manuel Garrido (UCR).

Luego de las primeras 15 carillas, donde se comentan anécdotas de todo tipo y color que hablan de una relación de amistad con Boudou (en honor a la cual, sostienen, nunca se hubieran acercado a ofrecerle «aceitar sus vínculos con la Justicia Federal»), los abogados Ana María García (esposa del exprocurador Esteban Righi), María José Labat (esposa del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro) y el abogado Fabián Musso resaltan que González Warcalde incorporó al expediente un oficio presentado por los diputados Ocaña y Garrido en el cual piden auditar el desempeño de Righi en las causas que tramitaba el estudio de su esposa.

«Esta suerte de subproducto de la denuncia que ha originado esta causa, es una más de las múltiples manifestaciones en las que, personajes de distinta relevancia, se han permitido procurar afectar el honor del estudio jurídico del que formamos parte», expresa el descargo al tiempo que sostiene que la decisión de Warcalde tiene un «propósito difamatorio».

En la Procuración comentan que existía una rivalidad entre Righi y González Warcalde, que se debía principalmente por razones de ideología política. A la semana de que el primero se viera forzado a renunciar, el actual procurador ordenó incorporar más fiscales para investigar la denuncia de Boudou, pero debió dar marcha atrás luego de que el ministro de Justicia, Julio Alak, lo criticara abiertamente.

Sobre Garrido y Ocaña el escrito alega que «invocan su cargo funcional, a modo de personería para actuar, refiriendo que lo hacen en tal carácter como si con ello justificaran su legitimación procesal». También acusa a los diputados de creer que sus cargos «los habilitan a actuar de un modo privilegiado en relación con el resto de los ciudadanos».

En un apartado titulado «El comportamiento de Ocaña», fueron más allá y comentaron que en una ocasión habían asesorado gratuitamente a la exministra de Salud: «Brindamos nuestra opinión sobre un recurso de queja que se disponía a presentar e incluso sugerimos a su abogado incorporara un agravio al mismo, a lo que accedió de buen grado». Al final del apartado concluyeron que «resulta extraño que quien pretende que se audite nuestra actividad profesional y el destino de los procesos en los que hemos prestado asistencia jurídica, sea una de las que, en su momento, requirió esos servicios y le fueron prestados».

Por su parte, Durañona

declaró ante el fiscal Jorge Di Lello en forma escueta (2 carillas). Además de confirmar la denuncia de Boudou comentó que él se había reunido con abogados del estudio Righi en distintas ocasiones aunque a diferencia de la versión de los letrados, en la que sostienen que los encuentros fueron tensos por un debate sobre la estrategia judicial en las causas que involucraban al vicepresidente, Durañona sostiene que las reuniones fueron cordiales y dijo «no recordar» demasiados detalles.