Claves y señales (para entender)

• El Gobierno esperaba lo que pasó después de cuatro fallos ácidos de la Corte. • Jueces y políticos decidieron el dilema Breard sobre los proyectos entre la ideología y el negocio. • Las batallas institucionales no son para el peronismo. • Scioli en Capital da para todo, hasta para especularlo como candidato a suceder a Macri si hay reelección de Cristina.

Ricardo Lerenzetti

El fin de año llega con el clima más áspero que pudiera imaginarse. Las peleas políticas se vuelven estériles cuando los protagonistas dejan de confrontar por lo que dicen o lo que hacen sino porque lo que uno cree que el otro es. Ese clima de escalada se instaló ayer con el fallo que prorrogó un amparo del monopolio Clarín que le disolvió al Gobierno la fiesta que venía preparando para el 7D de hoy. Pero la hojarasca no engaña a nadie: el Gobierno presumía que eso ocurriría más tarde o más temprano, como adelantó este diario. Creyó que la sentencia que firmó ayer el camarista Francisco de las Carreras estaba resuelta hace por lo menos un mes; por eso lo querelló por el viaje a Miami y aportó los datos de las agencias de viajes del Gobierno (inteligencia, migraciones, etc.). También creyó siempre que detrás del gesto de los camaristas está el consentimiento, la protección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno lo cree en una campaña política que prueban dichos de otro justice, Carlos Fayt, en una charla en el club El Progreso que para Lorenzetti no pasó de un elogio a su capacidad personal. La noticia de ayer tuvo un preámbulo sombrío para las posiciones del Gobierno: el martes la Corte dio cuatro fallos que irritaron en la Rosada: 1. obligación de ponerle publicidad a Perfil; 2. abrir los datos del PAMI sobre ese rubro; 3. la confirmación de un camarista de la Seguridad Social impugnado por la ANSES, y 4. la autorización a los jueces para declarar inconstitucionalidad sin que alguna de las partes lo solicite. Esto recibió dos lecturas en el Gobierno. Para algunos, como ocurrió, era el preámbulo del mazazo; para otros, aplicando una vieja ley del toma y daca, pensaron que después de esos fallos ácidos, vendría una buena para poder festejar el 7D.

Para los de oídos filosos, el martes les llegó otra constancia de que no se equivocaba el Gobierno cuando veía venir lo que pasó. Lo contó el periodista Milton Merlo en este diario con constancias de pasillo del 4° piso de los Tribunales: la Corte no se meterá más en el tema porque es un asunto envenenado de política y enfrenta a protagonistas que antes eran amigos, ahora no, y pueden volver a serlo en cualquier momento. Otro mensaje claro, que les llegó a hombres del Congreso, le atribuye a la cúpula de la Corte haber dicho que la ley de medios es inaplicable. Nadie asumirá esto formalmente, pero con testimonios que han construido las posiciones de batalla. La escalada que es que se enfrenten el Gobierno y el monopolio, no por lo que dicen y hacen, sino porque lo que son, aglutinó la polémica por la ley de medios -a la que sobraron votos de todos los sectores en Congreso- en facciones partidarias. Interrogados que fueron opositores sobre su encuadramiento con las posiciones del monopolio, respondieron con olfato pampa que lo necesitan para su futuro electoral. Del otro lado, los jueces seguro que también hicieron especulaciones políticas sobre lo que tienen que hacer. Si tomasen actitudes anti-Gobierno, ¿quién los protegería del acaso del futuro, que siempre llega? Miran quizás a un peronismo que no suele ser solidario con sus funcionarios en desgracia, que dejan los cargos y recorren los tribunales sin que nadie les tire un vaso de agua en el Gobierno.

En la política criolla se instaló hace años una pregunta sarcástica que solía hacer el diputado radical Noel Breard, aquel que se acostó una noche gobernador de Corrientes, y se despertó en el llano por un elector de su partido que se dio vuelta. Preguntaba ante cualquier iniciativa política sobre su oportunidad ideológica o su oportunidad táctica. O me explican la ideología o me explican el negocio, se reía sobre los proyectos inviables que, según él, debían cumplir alguna de las dos conveniencias. En este caso los políticos han asumido la verdad de ese dilema: quién paga -políticamente se entiende-, quién protege y quién protegerá en el futuro. La exasperación del oficialismo con este tema en la sesión preparatoria del miércoles en Diputados expresó el ánimo ante lo que se venía. Dieron testimonio los espadones del kirchnerismo que conocían el contenido de la sentencia de ayer y juzgaban, por adelantado, que un juez no puede contradecir una ley. Eso terminó seguramente de irritar a los camaristas, a quienes Diana Conti -presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales- había calificado en la sesión que aprobó el per saltum de «la trucha Justicia cautelar paga» para agregar «no me importa que esta ley tenga nombre y apellido». Una muestra de que los jugadores de esta comedia se enfrentan por lo que creen que los otros, sin remedio son, y no por lo que dicen o hacen. Eso cerró su balance sobre cuál era el negocio y cuál la ideología de lo que hicieron.

La desconcentración de grupos con posición dominante en medios, y en otras actividades, es una deuda institucional con la sociedad civil. El remedio de la ley de medios ha sido una vida que se vuelve espinosa, quizás por la dificultad que siempre ha tenido el peronismo para enfrentar con ventaja batallas institucionales. No ha sido el terreno de sus mejores horas y han naufragado ahí sus grandes proyectos, como lo prueban los intentos de reelección de Carlos Menem -el primero se lo negociaron los radicales, el segundo dinamitó su vida política-, las reelecciones de gobernadores de Misiones y Buenos Aires en 2007, la 125, las listas testimoniales. Unir la suerte de esa norma perfectible se complica cuando se lo ata a lo institucional. El peronismo se pelea con medios desde 1945, repitió en 1973; además vive enfrentado con la Justicia corporación o familia a la que cree identificada o con el radicalismo o con el pensamiento independiente. La reforma de la Corte que emprendió el kirchnerismo como escalón de prestigio consistió en desplazar a magistrados identificados con el peronismo (Nazareno, Vázquez, Moliné OConnor, López) por abogados sin militancia partidaria, salvo algún pinino de juventud que le atribuyen en los años 70 en Santa Fe a Lorenzetti en la insurgencia en la que conoció a Jorge Obeid. Rara venganza la del tiempo que a un lustro de esa renovación haya dominado el ADN de los protagonistas y encuentre ahora de nuevo enfrentado con la Justicia.

Aguado el 7D, le queda al oficialismo la celebración del primer año del segundo mandato de Cristina de Kirchner, en actos públicos que pertenecen a la misma saga legendaria que explica las estridencias del último mes con la ley de medios cuando ya presumían el final: aglutinar militancia en torno de la Presidente que debe encontrar la manera de prolongar su mandato más allá de 2015. Los números propios y ajenos son sombríos en cuanto a ganar la cantidad de bancas en 2013 necesarias para los 2/3 y clavar el proyecto reformista, pero la consigna de la reelección es el argumento más sólido que tiene el peronismo para su estrategia electoral el año que viene, que es nacionalizar los comicios. La dispersión del apoyo del peronismo en las provincias fue la tumba de Eduardo Duhalde en 1999, cuando Menem se quedaba sin reelección y florecían proyectos terceristas en el peronismo. Sabe el oficialismo que la oposición buscará provincializar las elecciones basando la estrategia en construir candidatos individuales que buscarán renovación de bancas en un año cuando competirán sus principales estrellas en los grandes distritos: Alfonsín, Stolbizer, De Narváez, Solá, Michetti, Solanas, Carrió, Binner, Aguad, Cobos.

Los políticos, contra la idea que tiene el público, no suelen ser voluntaristas tal cual se muestran haciendo esfuerzos de músculo o talento individual. Por el contrario, son fatalistas y alimentan sus percepciones desde el pedestal de sus cargos, que les da una mirada única y que sólo se tiene desde allí. Suelen ver los acontecimientos desde el futuro hacia acá, desde las consecuencias en el tiempo más que desde su origen. Duhalde decía cuando era presidente: «Cuando estás acá te agarra un sentido común...». Por eso, los profesionales de este oficio hacen proyectos atendiendo, más que a sus ideas y pretensiones, a la base en la cual pueden asegurarse futuro. Esta divagación es para explicar movimientos que se registran en la Capital Federal, distrito que domina Mauricio Macri sin discusión, y desde el cual intenta construir su proyecto presidencial. El congelamiento formal del proyecto de reelección habilitó el despliegue provincial de Daniel Scioli, comenzado por la Capital, su distrito. Ya se encienden luces en locales en su nombre, y aparecen, subrepticiamente, intendentes, gobernadores y funcionarios que buscan amparo futuro en un proyecto común. No es aún una corrida, pero es un goteo que se alimenta, en parte de ese peronismo no kirchnerista sobre el cual Macri ha pensado para 2015. En la medida en que haya menos reelección, habrá más Scioli y ésa es la dificultad principal de Macri. Scioli, que no da puntada sin hilo, se aporteñó en la pelea por la basura y recordó que comparte electorado con Macri. Dijo que busca una solución también para los porteños y caminó por la Plaza de Mayo desde el banco hasta el hotel en el que se encontró con el jefe de Gobierno. Abundaban los mirones que lo vieron reír cuando le gritaron «¡Hacete cargo del subte!». Ese caracol de sueños que es la política le puso luz a otra extravagancia que hay que consignar; el despliegue sciolista en Capital puede ser un fusible a futuro porque si hay reelección presidencial, la mejor chance que tiene es candidatearse como candidato al Gobierno porteño, cargo al que lo postulo el PJ el mismo domingo cuando se anunció que sería el vicepresidente de Néstor Kirchner.