Comienza la sexta semana de negociaciones con el FMI: se suman ahora Massa y Valdés

Las próximas reuniones seguirán realizándose vía zoom. Avances en lo fiscal y en el esquema de desembolsos. Resta resolver la política de intervención cambiaria.

Rodrigo Valdés

Carlos Burgueño

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Comienza hoy la sexta semana de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para lograr un nuevo acuerdo para relanzar el Facilidades Extendidas, suspendido desde la segunda quincena de abril. La novedad con que se encarará la discusión de estos días es que al frente de las conversaciones aún vía zoom entre el Palacio de Hacienda y la sede del organismo en Washington estarán Sergio Massa y Rodrigo Valdés. El ministro de Economía argentino y el director gerente para el Hemisferio Occidental del FMI saben que se deben acelerar los tiempos, y que es el momento de tomar decisiones políticas; tanto desde Buenos Aires como desde Washington.

El argentino sabe que le queda al país poco tiempo hasta que llegue la fecha del 22 de junio donde cae el próximo pago al organismo y que, si no se liquidara el compromiso o se negociara su prórroga, Argentina entraría en default con el FMI. Por el lado del organismo, se sabe que, si esto ocurre, el problema sería terminal; pero tanto para el país como para el propio Fondo. En el caso de Valdés, sería además una doble mancha; ya que no sólo implicaría no haber cerrado una renegociación con el principal acreedor del organismo, sino que sería un pésimo debut para un funcionario que asumió en su cargo el 1 de mayo pasado y tomó la solución del caso argentino como una cruzada casi personal de carta de presentación para su gestión.

El reloj corre. En el medio de las negociaciones existentes, teóricamente en seis días, el próximo sábado 10 de junio, el organismo debería comenzar a cerrar la quinta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. Desde el comienzo del caso, ya se cerraron cuatro revisiones, todas exitosas en cuanto a las metas de reservas, déficit fiscal y emisión monetaria, lo que llevó a la aprobación general de 2022. Ahora corresponde la primera fiscalización de 2023, correspondiente al período enero- marzo de este año; la que debería llevar a las partes a resolver la aprobación (o no) del desembolso de unos u$s4.300 millones para cumplir con el pago pactado para el 22 de marzo por unos u$s2.400 millones.

Esta es la letra firmada el 25 de marzo del año pasado en Washington. Sin embargo, las partes saben que Argentina no cumplió las metas de reservas, y que las otras dos necesarias para recibir los avales pasaron a convertirse en anualizadas y no tomadas como cuatrimestrales. Los negociadores discuten la nueva meta de reservas, mientras que las de un déficit de 1,9% para todo el año y una emisión monetaria máxima de 0,6% del PBI están en observación.

Igualmente, todas estas condiciones están hoy suspendidas, desde que en abril el Gobierno comenzó a intervenir directamente sobre la política cambiaria en el mercado del MEP, quebrando una de las disposiciones pactadas. También se sabe que las negociaciones abiertas y en marcha se concentran en la política cambiaria y la alteración de lo comprometido desde el FMI en cuanto a los vencimientos y las liquidaciones trimestrales. Sobre lo último hay acuerdo; y el Fondo facilitaría los u$s10.600 millones restantes para 2023, mientras que se prorrogarían los vencimientos de junio, septiembre y diciembre. Lo que falta discutir, es si ese dinero podrá ser utilizado para contener el tipo de cambio oficial en medio de una estrategia de crawling peg (devaluaciones graduales pero constantes) o si existe una exigencia innegociable de una devaluación rápida del valor del dólar oficial.

Tal como adelantó este diario, desde el martes 23 de mayo hay cierta flexibilidad en la mirada (o al menos en el análisis) del staff técnico de Washington, ante la propuesta de Buenos Aires sobre la evolución del déficit fiscal durante los primeros cuatro meses del año. Según lo que al menos se interpretó en el país, los números mostrados sobre una reducción del gasto en un 11%, la promesa de comenzar a aplicar las suspensiones de subsidios a los sectores de mayores recursos, la aplicación del dólar agro que mejoraría la recaudación de los derechos de exportación y cierto control de la obra pública, matizaron el mal dato de la acumulación de un déficit de 0,6% durante el período enero-abril. Es cierto que no ayudaron los datos de la recaudación de mayo, donde aún la evolución de los ingresos continúa por debajo de la inflación.

La negociación hoy se concentra en la política cambiaria, el tema donde aparecen las mayores diferencias entre las dos partes que debaten el futuro del acuerdo. Por ahora la situación está en una especie de “wait and see”. El mayor avance se dio hace 10 días, cuando el FMI le había dado un guiño al equipo económico, en la decisión de dejar de intervenir los dólares financieros.