Con nuevo revés de la Corte, otra mala semana judicial para los K

Se configura el escenario para conformar una megacausa que agrupe una maniobra integral. Incluiría que la adjudicación presuntamente discrecional de obra pública terminó en una operatoria de blanqueo de activos.

Lázaro Baéz y Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema de Justicia deparó una jornada de sinsabores para exfuncionarios kirchneristas, incluido el detenido constructor patagónico Lázaro Báez. Y puso un ladrillo más en la edificación de una megacausa judicial que agrupe todas las maniobras atribuidas a la expresidente Cristina de Kirchner ligadas a la obra pública. Ni el exjefe del Ejército, César Milani también detenido- ni la exsecretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti esquivaron decisiones adversas desde el máximo Tribunal.

Por unanimidad, los integrantes de la Corte confirmaron la validez de las indagatorias llevadas adelante por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Báez. Sendos recursos, interpuestos por las defensas del empresario y del exMinistro de Planificación Federal, Julio De Vido, fueron desestimados. Se los indagó por el supuesto otorgamiento por parte del Estado Nacional de contratos irregulares a favor del Grupo Austral Construcciones, por un total aproximado de $21.600 millones. La decisión de la Corte, firmada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz ratifica lo que fue el paso previo al procesamiento dictado por Ercolini, que está a la espera de que la Sala I de la Cámara Federal lo confirme y que apunta a la exmandataria como cabeza de una supuesta asociación ilícita entre proveedores del Estado y exfuncionarios, totalizando 12 imputados. Según la maniobra descripta por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, se direccionó esas adjudicaciones que luego se habrían realizado con sobreprecios en perjuicio del erario público. Cristina, De Vido y Báez, están acusados del delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y sobre ellos pesa un embargo de $10.000 millones. Con la unificación de las causas Hotesur y Los Sauces, y la de lavado de dinero en manos de Sebastián Casanello y derivada también a la órbita de Ercolini, se configura el escenario para la conformación de una megacausa que agrupe una maniobra integral que implique que la adjudicación de obra pública discrecionalmente a Báez terminó en una operatoria de blanqueo de activos vía alquileres inmobiliarios o por fuera del sistema legal, en el caso del empresario detenido.

Planteos

Tampoco Milani tuvo éxito en sus planteos ante la Corte, lo que lo catapultó al borde de juicio oral y público por enriquecimiento ilícito, en otro expediente que no es el que lo mantiene detenido por presuntos delitos de lesa humanidad. También por unanimidad, la Corte rechazó una queja de la defensa del exjefe del Ejército. Además desestimó un planteo de Eduardo Barreiro, a quien se le atribuye ser la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial injustificado de Milani. Su procesamiento, por el que ahora puede ser elevado a juicio, lo acusa de "haber incrementado ilícita e injustificadamente, de manera apreciable, su patrimonio en al menos U$S480.000 en el período que ejerció la función pública". Sobre sus bienes pesa un embargo por la suma de $5.000.000

Como si fuera poco, la retahíla de fallos de la Corte también impactó en Picolotti, cuyo juicio oral todavía deambula entre planteos dilatorios. Una vez más por unanimidad, la Corte desestimó un recurso de la exfuncionaria contra el rechazo a un planteo de prescripción de la causa por el paso del tiempo y de nulidad de la elevación a juicio. Por un motivo formal de la presentación del recurso, el máximo tribunal echó por tierra la pretensión de que se suspenda el juicio trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 6. Allí se la acusará a la exfuncionaria entre 2006 y 2008, de la utilización de fondos públicos asignados presupuestariamente a la cartera de Ambiente "para solventar gastos injustificados, ajenos a sus fines y objetivos, perjudicando así los intereses del Estado".