Confirman suspensión de la ley de medios

Gabriel Mariotto

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dio ayer un nuevo batacazo judicial a la ley de medios, al confirmar la medida cautelar que había suspendido provisoriamente la nueva normativa en diciembre pasado.

Los jueces Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra ratificaron el fallo de la jueza federal de instrucción Olga Pura de Arrabal. A fines del año pasado, la magistrada hizo lugar a una acción de amparo impulsada por el diputado peronista-cobista Enrique Thomas y suspendió la ley, por supuestas irregularidades en su tratamiento parlamentario.

En su extensa resolución, la Cámara sostuvo que en la evaluación provisoria del caso «aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional que aconsejan mantener el estado de suspensión en la aplicación». Ésta es la primera confirmación de segunda instancia que recibe la ley, cuyo caso deberá ahora definir la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal de alzada todavía fue más lejos y destacó que «el desconocimiento o apartamiento de pautas esenciales del reglamento aludido (de la Cámara de Diputados de la Nación) permiten presumir la posibilidad de una sentencia sobre el fondo del asunto que haga lugar a la nulidad e inconstitucionalidad de esa ley atento a las consideraciones que 'prima facie' aparecen comprobadas con la prueba instrumental y documental arrimada por las partes».

Argumentó, además, que se debía mantener en pie la medida cautelar, debido a que «la no suspensión de la implementación de actos concretos de ejecución y aplicación de la ley cuestionada, impulsados por el Poder Ejecutivo irrogará, en definitiva, un perjuicio de innegables consecuencias. Prueba de ello es que el PEN en forma inmediata a la sanción de la ley sancionó los decretos Nos. 1.525/09 y N° 1.526/09, que contienen actos de puesta en vigencia y ejecución de diversas disposiciones del texto legal. En ello consiste precisamente y tal como lo evaluara el Juzgado de Primera Instancia el 'peligro en la demora'».

Complicación

El fallo de la Cámara mendocina echa por tierra los intentos del Gobierno de avanzar con la aplicación de la ley. En este caso, la situación se complica, además, porque es el único que generó la suspensión de toda la normativa, en lugar de algunos artículos, como ya había ocurrido con fallos de primera instancia de otros jueces federales del país que también hicieron lugar a acciones de amparo contra la Ley 26.522.

Por eso, en parte, el oficialismo reaccionó ayer furioso. El enojado titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación (ex COMFER), Gabriel Mariotto, criticó duramente el fallo y aseguró que «ahora están descorchando en la calle Tacuarí (en la que se encuentra el Grupo Clarín) a instancias de la Cámara».

Las quejas del funcionario apuntaron contra la evaluación del tribunal de alzada, y aseguró que sobre la base de ese argumento se «vuelve a la ley manchada con sangre», en referencia a la antigua norma de radiodifusión, dictada durante el último Gobierno militar.

Mariotto criticó también a la Justicia en general y comparó esta resolución con la suspensión del análisis de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera, ordenada por la Cámara Nacional de Casación, en la causa que investiga si los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín fueron supuestamente apropiados durante la última dictadura. «Una Justicia que para extraer un ADN se toma sus tiempos y es funcional a los intereses de los grupos poderosos, no es extraño que tenga estas actitudes», se quejó el funcionario en declaraciones radiales.

Mariotto señaló, además, que consultará a la Procuración del Tesoro para determinar qué norma se debe aplicar luego del fallo de la Cámara y anticipó que recurrirá a la Corte para rechazar la decisión del tribunal mendocino.

El director de la nueva autoridad de aplicación señaló finalmente que, para aprobar la ley de medios, el Gobierno había dado una fuerte pelea en el Congreso y que ahora «esa misma batalla, larga, prolongada, dura, se tiene que dar en las instancias de la Justicia».