Congreso puso en función el Comité contra la Tortura tras cinco años de siesta

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El protocolo fue ratificado en 2004 y el kirchnerismo sancionó la ley correspondiente recién a fines de 2012. Luego, el Frente para la Victoria planchó su instrumentación. Participó ayer de la reunión constitutiva el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Cargos “caramelo” para exlegisladores.

Después de cinco años, la Argentina cuenta con un Comité contra la Tortura que tendrá, entre sus principales funciones, monitorear los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.

El protocolo en cuestión fue ratificado por la Argentina en 2004 y el kirchnerismo sancionó la ley correspondiente recién a fines de 2012, aunque luego planchó su instrumentación.

Durante varios meses, la titular de la bicameral de Defensoría del Pueblo, Marta Varela (PRO), agilizó el movimiento de la comisión para realizar las audiencias públicas correspondientes y llevar al recinto la lista de candidatos para la integración del comité.

Varios legisladores cuyos mandatos finalizaron días atrás -el 10 de diciembre pasado- ya encontraron trabajo en esta comisión, con el apoyo de las dos cámaras del Congreso.

La historia de este comité comenzó en 2002, cuando el país participó del proceso por el que se adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.

Argentina fue el sexto país en ratificarlo, el 15 de noviembre de 2004, aunque el protocolo facultativo entró en vigor el 22 de junio de 2006. Recién a fines de 2012, y como cada país debía generar su propio mecanismo el Congreso, entonces con cómoda mayoría kirchnerista en ambas cámaras, sancionó la creación del "Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", ley reglamentada el 7 de enero de 2013.

Esa norma plantea que el comité nacional debe estar formado por 13 miembros. En el Senado, la iniciativa fue defendida en ese entonces por el hoy diputado nacional del cristinismo Daniel Filmus, recordada espada del kirchnerismo en el Memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán. La oposición criticó sumar más integrantes legislativos a ese comité. Luego, el FpV -que utiliza los derechos humanos para hacer política- cajoneó este sistema.

Varela y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se presentaron a fines de abril pasado en Suiza para recibir una serie de cuestionamientos de la ONU en cuanto a avances y demoras para la activación del comité local. La legisladora y el funcionario sortearon con éxito los planteos y de esa manera se agilizó el trabajo de la bicameral de Defensoría del Pueblo.

Según la ley de fines de 2012, el cuerpo tendrá como primer desafío "elaborar, dentro de los primeros seis meses de su funcionamiento, estándares y criterios de actuación, y promover su aplicación uniforme y homogénea por parte del 'Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes' en las siguientes materias: Inspección y visita de establecimientos de detención; Condiciones de detención; Capacidad de alojamiento y control de sobrepoblación; Empleo de la fuerza, requisa y medidas de sujeción; Régimen disciplinario; Designación de funcionarios; Documentación e investigación de casos de tortura o malos tratos; Régimen de traslados"; y "Fortalecimiento de los controles judiciales"; entre otros puntos.

Ayer, el acto constitutivo del cuerpo se realizó en el salón Arturo Illia del Senado. Estuvo Avruj y participaron, además de exlegisladores que ahora trabajarán en el comité -como por ejemplo, la cristinista Diana Conti-, el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo.

Curioso: el PRO, que a nivel nacional empujó la conformación del comité, vetó una ley parecida de la Legislatura porteña a inicios de 2010.

Próximo desafío

La comisión que comanda Varela quedó a un paso de definir también el Defensor del Pueblo -representa a los ciudadanos frente al Estado y a privados que prestan servicios públicos-, una insólita vacante que dejó el kirchnerismo desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. En su lugar asumió el adjunto Anselmo Sella, cuyo mandato venció a fines de 2013.

Durante el último trimestre del año quedó definida una terna integrada por el cordobés Humberto Roggero, propuesto por el PJ; el economista Jorge Sarghini, impulsado por el serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y el actual defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor.

Tras un ramillete de críticas de las organizaciones no gubernamentales y la falta de acuerdo para votar a uno de los tres postulantes, la discusión quedó frenada hasta el próximo año.

Mariano Casal

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