Consejo, dividido por investigación a jueces que liberaron a Astiz

Diana Conti

El Consejo de la Magistratura está dividido y expectante ante la avanzada del oficialismo respecto de la denuncia contra ocho camaristas por mal desempeño de sus funciones, disparada por la decisión de excarcelar a Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 19 represores, el jueves pasado.
La nueva presidenta de la Comisión de Acusación y Disciplina, Diana Conti, anunció no sólo la investigación de los magistrados (requerida, a su vez, por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde), sino también su posición sobre el tema, al afirmar que los jueces retrasan los juicios por delitos de lesa humanidad.
En medio de un clima que desde el Consejo describen como «un momento muy duro en el que hay que mantener la calma», la mayoría se muestra cautelosa frente a la embestida del kirchnerismo contra los camaristas y aseguran que todavía ni siquiera se está avanzando en el tema.
«Los tiempos de la política y de la Justicia son muy distintos», subrayan en la Magistratura, intentado poner paños fríos a las fuertes declaraciones que hicieron los consejeros Conti y Carlos Kunkel la semana pasada sobre el supuesto corporativismo de los jueces y su presunta vinculación con la dictadura. Se habla de la «sobreactuación» del oficialismo y de afirmaciones que en la práctica van a llevar mucho más tiempo, si es que avanzan. En este sentido, desde el Consejo explican que este conflicto «tiene dos realidades: una es política, donde se dicen cuestiones que después ni ellos mantienen en la práctica; la otra es jurídica, que implica una investigación profunda y, en todo caso, tomar medidas».
Los consejeros kirchneristas, apurados en repudiar el fallo de los camaristas Guillermo Yacobucci y Luis García, y advertir sobre futuras investigaciones, ni siquiera pidieron una reunión especial en la Magistratura con el objetivo de tratar el tema. Por el momento, cualquier avance sobre la cuestión se debatirá recién en febrero. Desde el Consejo, sin embargo, comentan que en parte es entendible esta reacción del oficialismo, ya que «fue una sentencia muy inoportuna. No se avisó a nadie y esas cosas se avisan». Un dato más que demuestra el grado de tensión que existe entre el Gobierno y la Justicia, en especial en los últimos meses.
Los dichos de los consejeros oficialistas, además, ubicaron al Consejo en el centro de la escena, en medio de una pelea entre poderes, en la que la Justicia, los legisladores y el Gobierno se culpan mutuamente por el fallo de la sala II de la Cámara de Casación. Una sentencia que se ajusta a las normas internacionales sobre derechos humanos (que están por sobre la Constitución nacional, a partir de su reforma en 1994) y que puso en evidencia un problema latente desde que se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad: 800 represores están detenidos, sin condena y sin una perspectiva clara de enjuiciamiento. Este conflicto tampoco es exclusivo de estas causas, sino que se presenta de manera generalizada.
Por eso (y a pesar de que el Senado repudió el dictamen no bien se conoció, a instancias del bloque radical), en la Magistratura se muestran mucho más precavidos. Argumentan que en realidad poco se puede hacer desde el punto de vista jurídico, más allá de lo que ya tramitó el fiscal de la Cámara de Casación Penal Raúl Plee. El abogado presentó un recurso extraordinario para suspender la excarcelación de los represores por riesgo de fuga. Ahora el caso será elevado a la Corte Suprema de Justicia. También sugieren la posibilidad de que el problema (político) se resuelva por la vía legislativa, estableciendo medidas especiales para acelerar los procesos por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Yacobucci aseguró ayer en declaraciones radiales que hay un retardo de Justicia «que es culpa del Poder Judicial», al no acelerar los procesos contra represores por violación a los derechos humanos. El magistrado, sin embargo, afirmó que, tanto él como su compañero de Cámara, Luis García, no tenían responsabilidad en lo personal, sino que existe «una crisis del sistema». Agregó, además, que los retrasos se deben a «las querellas, que hacen planteos propios de sus intereses». Por último, sostuvo que las excarcelaciones quedaban suspendidas, confirmando el pedido del fiscal, hasta que la Cámara habilitara el recurso extraordinario y la Corte se expidiera sobre el fondo.
La perspectiva de destitución y/o juicio político para ocho camaristas y los jueces a cargo del Tribunal Oral N° 5, como anunció Conti, ni siquiera está en el horizonte para gran parte del Consejo.