Contener el clima de violencia política será una obligación para el próximo Gobierno de Brasil

Los hechos de ese tipo aumentaron 400% en los últimos cuatro años y han llegado a provocar homicidios. Asimismo, se han denunciado gran cantidad de casos de condicionamiento del sufragio en las empresas.

A LOS TIROS. La diputada Carla Zambelli, una aliada de Jair Bolsonaro, corrió el sábado en San Pablo con un arma en la mano a un hombre que, al parecer, la había insultado.

San Pablo - Pasado el balotaje presidencial y con la inauguración de un nuevo ciclo presidencial el próximo 1 de enero, Brasil deberá encontrar modos de contener la violencia política, que se ha incrementado de modo preocupante en los últimos años.

Dicho problema encuentra un hito en el atentado que sufrió Jair Bolsonaro en la campaña de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto en Minas Gerais, y se prolongó en los últimos meses con asesinatos de militantes de la izquierda y la derecha, lo que obligó a Luiz Inácio Lula da Silva a usar chaleco antibalas y ser cauteloso en sus apariciones públicas.

Sin ir más lejos, el último sábado se viralizaron las imágenes de la diputada bolsonarista Carla Zambelli, corriendo, arma en mano por una calle de San Pablo, a un ciudadano negro que, presuntamente, la había insultado. Un guardaespaldas de la legisladora fue detenido por haber realizado un disparo.

Estadísticas

Los actos de violencia política aumentaron 400% en relación a 2018. Asimismo, más de 1.200 empresas están siendo investigadas por haber extorsionado a sus empleados para que votaran por la reelección de Jair Bolsonaro.

“El aumento de la violencia política está relacionado con un clima de intolerancia y de odio que creció enormemente a partir de la campaña de 2018, en la que salió electo Bolsonaro. El propio presidente presenta un discurso de intolerancia muchas veces racista, machista, que suena como una autorización para no tener límites”, le dijo a la agencia Télam Sandra Carvalho, de la ONG Justicia Global.

La entidad realiza un informe sobre la violencia política en ascenso en Brasil, algo sin precedentes desde el fin de la dictadura militar en 1985 y que nunca se vio en las elecciones generales desde 1989 hasta 2018. Según Carvalho, hasta dicho año, una persona era víctima de violencia política cada ocho días y en 2022 esa proporción aumentó a un caso cada 26 horas.

El impacto de la violencia en la campaña se vio con el asesinato por parte de bolsonaristas de tres electores de Lula desde julio en los estados de Paraná, Mato Grosso y Ceará.

El caso más emblemático fue el de Marcelo Arruda, tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) en Foz do Iguazú, en la frontera con Misiones, asesinado por el agente penitenciario bolsonarista Jorge Guaranhos, que invadió la fiesta de cumpleaños de su víctima y lo remató a tiros porque tenía una camiseta con la cara de Lula al grito de “Acá somos Bolsonaro”.

En tanto, en Santos, estado de San Pablo, un votante de Lula mató a su pareja, otro hombre, bolsonarista, tras una pelea en la cocina del departamento donde convivían hacía seis años.

Según Carvalho, en Brasil está disminuyendo la cultura política por falta de canales para llevarla adelante y puso como ejemplo los debates televisivos, que dejaron de ser espacios para propuestas y se convirtieron en plataformas para otro tipo de puestas en escenas.

Según el informe de la violencia política en Brasil, la gestión de Bolsonaro erosionó la credibilidad de las instituciones.

Chantaje

Además del aumento de la violencia política, Brasil ingresó en una fase de extorsión a electores por parte del poder económico que no se registraba desde el siglo XIX, cuando el Imperio de Brasil permitía la elección de congresistas, o en la llamada Vieja República (1889-1930), cuando Minas Gerais y San Pablo cometían fraude institucionalizado para repartirse el poder posmonárquico hasta el ingreso de una nueva clase política empujada por el golpe de los militares de Getúlio Vargas.

Un relevamiento del Ministerio Público del Trabajo, la fiscalía laboral de Brasil, indicó que se registró un récord hasta el miércoles 26 de octubre de 1.284 empresas acusadas de “acoso electoral”, es decir, de patrones, dueños, ceos y gerentes de recursos humanos que extorsionaron a empleados para que votaran a Bolsonaro. En total, hubo en toda la campaña 1.633 denuncias de este tipo recibidas por la justicia electoral y los sindicatos. En 2018, según la oficina de prensa del Ministerio Público del Trabajo, las denuncias de acoso empresarial para votar en contra del PT sumaron 98.

Uno de los casos más recientes ocurrió la semana pasada en el estado más bolsonarista del país, Santa Catarina, cuya capital es Florianópolis. La justicia electoral recibió 150 denuncias contra una promoción del parque de diversiones Beto Carrero World, cuyo dueño es abiertamente bolsonarista e invita asiduamente al lugar al presidente.