Correa y Evo buscan hoy desarticular CIDH

Rafael Correa

Tiquipaya (Bolivia) - La OEA inició ayer su 42ª asamblea general en Tiquipaya, una reunión que promete ser agitada por el debate en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionada de manera abierta por los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Brasil.

«Vamos a Bolivia. Decidimos participar en la asamblea de la OEA para poner en su sitio a cierta burocracia internacional que se cree por encima de nuestros estados», indicó el sábado en Quito el presidente Rafael Correa, invitado al evento por su par y aliado político, el anfitrión Evo Morales.

Morales inauguró ayer por la tarde el encuentro que se extenderá hasta mañana en un complejo deportivo de una universidad privada y en un hotel de la ciudad.

Ecuador, por intermedio de su canciller, Ricardo Patiño, reiteró las críticas de su país hacia la OEA. «O la OEA se reinventa o la OEA desaparecerá. No tiene otro camino», afirmó, mientras varios países del hemisferio impulsan la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá.

El Gobierno de Ecuador expresó su malestar hacia la OEA luego de que la CIDH, un organismo que monitorea los derechos humanos en el continente y puede presentar demandas ante la Corte Interamericana, se pronunciara en contra de la sentencia contra tres directivos y un exeditor del diario opositor El Universo, condenados en febrero pasado a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares, en un juicio por injurias entablado por Correa. El presidente de Ecuador desistió finalmente de la ejecución de la sentencia, pero la demanda mereció críticas incluso de organizaciones de izquierda de América Latina que compartían que El Universo había publicado un artículo insultante contra Correa.

El canciller venezolano Nicolás Maduro anticipó: «Vamos a entregar un documento y a exponer la decadencia del sistema interamericano de derechos humanos, sus instituciones y de cómo la Comisión y la Corte están plegadas a los intereses de Estados Unidos».

Por su lado, el jefe de la diplomacia brasileña, Antonio Patriota, dijo el sábado que el propósito de Brasil, en coordinación con otros países, «es de introducir reformas que garanticen la legitimidad del trabajo de la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos».

Brasil observó en 2011 un pedido de la CIDH que solicitaba detener la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonia, tras emitir medidas cautelares (no vinculantes) a favor de los indígenas que se verían afectados con el megaproyecto.

Bolivia también anticipó sus críticas a la labor, no sólo de la CIDH, sino a la de la misma Organización de Estados Americanos, conformada por 34 países y estados. Ante la ola de críticas, la posición de Washington fue clara en la antesala de la asamblea en Tiquipaya.

«Queremos todos nosotros fortalecer el sistema de derechos humanos en la región, fortalecer las instituciones y preservar la independencia y autonomía de la Comisión y de la Corte», sostuvo la secretaria de Estado adjunta norteamericana para la región, Roberta Jacobson, jefa de la delegación que llegará a Bolivia en lugar de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Agencias AFP y EFE, y Ámbito Financiero