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Corte: Peronismo Federal define voto y Massa seduce a la UCR
Adolfo Rodríguez Saá, Roberto Carlés y Sergio Massa
Si bien en el oficialista Frente para la Victoria del Senado anida la esperanza de que Francisco, desde El Vaticano, obre el milagro de convertir los 38 votos que tiene el Gobierno nacional en el recinto en 48 manos alzadas a favor del pliego del penalista Roberto Carlés, las probabilidades son exiguas. Sería la única vía para al menos acercarse a dos tercios del total de 72 senadores nacionales. Incluso a través de abstenciones.
Carlés fue un férreo y explícito opositor a Jorge Bergoglio de cabotaje en 2011, como la mayor parte del kirchnerismo, cuando el jesuita trabajaba como arzobispo porteño y jefe del Episcopado. Pero logró acercar posiciones a partir del anteproyecto de reforma al Código Penal de la Nación y ahora mantiene un canal de diálogo con el Sumo Pontífice.
El FpV aspira a que una senadora con profundas convicciones religiosas, como la puntana Liliana Negre de Alonso, del Interbloque Federal, converse con sus compañeros de bloque. Allí anidan Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Jorge Garramuño y otros legisladores que adhieren al Frente Renovador de Sergio Massa. El exintendente de Tigre dejó ayer claro que su fuerza rechazará el pliego de Carlés y que pedirá a la Unión Cívica Radical que proponga al reemplazante de Zaffaroni a partir del 10 diciembre, cuando asuma el sucesor de Cristina de Kirchner.
El diputado del FR y precandidato presidencial anticipó que va a plantearles a los radicales "que sean ellos quienes propongan al integrante de la Corte que hace falta designar en la Argentina, para que tengamos la garantía de que las fuerzas partidarias a futuro tengan la posibilidad de opinar, de ayudar y, sobre todas las cosas, construir desde el diálogo un marco institucional serio en la Argentina". Sobre las últimas novedades del caso Nisman, el diputado Massa sostuvo: "La sociedad espera que haya verdad y el apoyo de todos".
La oferta de Massa a la UCR para que proponga en diciembre un candidato para reemplazar a Zaffaroni se inscribe en el tironeo electoral por los votos y la estructura radical de cara a las elecciones presidenciales de octubre. El massismo pugna en ese sentido no sólo con el PRO de Mauricio Macri, que aspira a una primaria abierta y ampliada junto con Ernesto Sanz y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. También el Frente para la Victoria ansía el voto UCR, pero, en ese caso, en la Cámara de Diputados y para aprobar la nueva ley de inteligencia. El miércoles pasado, en la Peña Bonaerense peronista que organiza el ultrakirchnerista Carlos Kunkel, Julián Domínguez les reclamó a los radicales de Raúl Alfonsín que acompañen al oficialismo en el recinto. "Espero que la UCR, por su historia y por la lucha del doctor Alfonsín que fue víctima de los mismos sectores -en referencia a la ex-SIDE-, acompañe el debate". Un día después de estas declaraciones de Domínguez, el diputado Massa tendió un nuevo puente con la UCR, esta vez por la vacante en la Corte Suprema. En el verano, los radicales los ponen mimosos, a kirchneristas, massistas y macristas.
Ayer, además, con la publicación de los antecedentes de Carlés en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se activó el artículo 4 del Decreto 222/03 de Néstor Kirchner que regula el procedimiento a seguir en caso de vacante en el máximo tribunal: "Establécese que, producida una vacante en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en un plazo máximo de TREINTA (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, durante TRES (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página oficial de la red informática del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS".
También, pasado mañana, se activará el artículo 6 que habilita la presentación de impugnaciones al pliego: "Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar".


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