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Corte señaló vacantes en tribunal de Competencia
Juan Carlos Maqueda y Guillermo Moreno
La procuradora general le había solicitado a la Corte que revoque un fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que le dio la razón a la firma Cencosud luego de que la CNDC emitiera una resolución a fines del año 2009, que obligaba a Cencosud a mantener en los días previos a Navidad los descuentos con tarjetas de crédito ofrecidas por diversas marcas de ropa.
Para la Cámara Civil y Comercial la CNDC no tenía facultades para dictar la Resolución 131/09 porque la ley se las otorga al aún no creado Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. El máximo tribunal confirmó esta decisión.
El fallo llevó las firmas de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. La disidencia corrió por cuenta de Elena Highton de Nolasco, quien habitualmente no acompaña medidas que tienden a limitar la regulación de los organismos públicos.
El fondo de la resolución es que la Corte rechaza la tesis del Estado que dice que si la CNDC se ve limitada en sus atribuciones, se violentan las potestades legales del organismo.
La Corte entiende que actualmente no es clara la separación entre las funciones de investigación, instrucción y asesoramiento (propias de la Comisión) de las meramente resolutivas (que corresponden al tribunal de Defensa de la Competencia).
La comisión debería contar con un tribunal de defensa de la competencia que si bien consta en los reglamentos, ya van 13 años de demora en activarlo. Una herencia de Guillermo Moreno, quien siempre prefirió unificar todas las funciones en la comisión y no dar parte al tribunal que nunca se encargó de conformar.
Esa decisión marcaría sus primeros cruces a nivel judicial: en decenas de ocasiones la comisión emitió cautelares que fueron dadas de baja en la Cámara Federal en lo Penal Económico, donde se consideraban improcedentes por no provenir de un tribunal.
La ausencia de este cuerpo (que incluye tanto abogados como contadores y cuenta con siete vacantes) suele ser mencionada en la Corte Suprema de Justicia, así como también la gran cantidad de vacantes que existen en el Tribunal Fiscal de la Nación, también bajo la órbita del Ministerio de Economía.
En el primer caso, ante la demora en la integración, el tribunal le otorgó atribuciones a la comisión, pero en 2010 la Corte entendió que sus integrantes no estaban autorizados para archivar expedientes.
El fallo de ayer es un nuevo llamado de atención para activar los tribunales de Defensa de la Competencia. Este proceso tiene un retraso que no se condice con el discurso del kirchnerismo, siempre enfocado en detectar supuestas prácticas antimonopólicas.
Por cierto: la omisión del Ministerio de Economía se torna más increíble si se considera que el oficialismo le estaría reservando a la próxima administración la capacidad de cubrir todas esas vacantes que son centrales por su capacidad de regular diversos mercados.