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Corte ya estudia cómo acelerar juicios orales
Ricardo Lorenzetti
La propuesta se enmarca en el trabajo realizado en una de las tres comisiones que impulsó Lorenzetti para pensar reformas al Poder Judicial que, en algunos casos podrán ser ejecutadas desde la Corte y en otros será necesaria la participación del Consejo de la Magistratura.
El grupo dedicado a los tribunales orales lo integran Karina Perilli, del Tribunal Oral en lo Penal Económico No 3; Jorge Tassara del Tribunal Oral en lo Penal No 2; Daniel Petrone de los tribunales de San Martín; Diego Barrotaveña de los tribunales ordinarios de la Capital y Gabriel Casas, de los tribunales de Tucumán.
La presencia de este último juez fue clave para el objetivo de la Corte con la creación de las comisiones ya que el Noroeste del país es una de las jurisdicciones que más inquietan al máximo tribunal producto de la problemática del tráfico en la frontera. El tema motivó, meses atrás, una reunión de Lorenzetti con Sergio Berni.
El trabajo de los jueces fue monitoreado por el secretario de Gestión de la Corte, Alfredo Kraut, hombre de confianza de Lorenzetti, y que recibió el informe en el cual los jueces alertaron que sobre el total de los tribunales orales de todo el país un 20% de los mismos presentan por lo menos una vacante.
En ese aspecto la comisión le avisó a la Corte que estudiará, en conjunto con la Casación Penal federal, mecanismos que le den una mayor celeridad a la integración de los tribunales cuando se produzcan vacantes sorpresivas o haya recusaciones.
Un atajo podría ser, en lugar de centralizar la integración en la Casación, tomar nota de las recomendaciones que hacen los propios jueces de los tribunales donde se genera la vacante.
Lorenzetti está al tanto de que en algunos casos, especialmente en puntos del interior, integrar un tribunal puede demorar hasta cuatro semanas. Demoras que generan aún mayor irritación cuando se trata de juicios relacionados con crímenes de lesa humanidad.
En el mismo paper los magistrados también se refirieron a la necesidad de que se debata un nuevo Código Procesal Penal, ya que el vigente ha sufrido varias reformas parciales que luego devienen, según los juces, en interpretaciones jurisprudenciales que afectan los institutos allí regulados. Al igual que en otros ámbitos, esta comisión se pronunció a favor de un paso hacia el sistema acusatorio.
También requirieron a la Corte la creación, en el interior, de juzgados regionales de ejecución penal, tarea que actualmente deben llevar a cabo los tribunales orales así como también una serie de mejoras edilicias que corren por cuenta del Consejo de la Magistratura que se reactivará en febrero cuando designe al nuevo presidente .


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