Crean comisión que regulará huelgas en servicios públicos

Carlos Tomada

Impulsada por el Ministerio de Trabajo, se conformó ayer la Comisión de Garantías. Este órgano será el encargado de definir, en una situación de huelga, si un servicio debe ser considerado esencial, de manera de asegurar su prestación mínima. Así, ante un conflicto laboral, esta comisión intervendrá entre las partes para determinar si se trata de un servicio esencial y qué mínimo deben seguir brindando los trabajadores durante el período que dure la medida de fuerza.

Mediante el Decreto 362 publicado ayer en el Boletín Oficial se dio cumplimiento al artículo 24 de la Ley 25.877 de régimen laboral. Esta norma establece que «se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo». Y dispone que «una actividad no comprendida podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación».

Como no se había conformado todavía esta comisión, hasta ahora era el Ministerio de Trabajo el que decidía de manera arbitraria qué servicios se consideraban esenciales en una situación de huelga. Será tarea ahora de esta comisión, que se reunirá por primera vez el 30 de marzo, analizar cada caso en particular y definir las prestaciones mínimas que se deben brindar en medio de una medida de fuerza.

Con esta comisión «se democratizan las relaciones laborales porque son las propias partes las que asumen la responsabilidad de colaborar con el Estado y con la población para garantizar los servicios mínimos sin confiscar el derecho a huelga», sostuvo ayer en diálogo con periodistas la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.

Son diez las personas que forman parte de esta comisión, según quedó reglamentado en el decreto, que provienen de distintos sectores. En representación del Estado están Felipe González Arzac y Gabriel Binstein; por la Unión Industrial, Horacio Martínez; Cámara de Comercio, Carlos Echezarreta; por el Consejo Interuniversitario Nacional, Ricardo Muñoz y Marcelo Ferrer Vera; por la CGT, Alcira Paula Pasini; por la CTA, Teodoro Sánchez de Bustamante; y por el Colegio Público de Abogados, Rodolfo Capon Filas y Gustavo Jorge Gallo.

Según explicó Carlos Tomada, titular de la cartera laboral, la creación de esta comisión fue inspirada en el modelo italiano, que tiene vigente este órgano desde 1989. «Hasta ayer el Estado decidía cuáles eran los servicios escenciales y si no había acuerdo entre las partes, también cuáles eran las guardias mínimas», indicó.

De hecho, en el conflicto entre los trabajadores del subte y Metrovías el año pasado, fue el Ministerio de Trabajo el que declaró como «servicio esencial» al subterráneo, aunque declaró que lo hizo de manera excepcional. Sin embargo, esta medida no fue acatada por los trabajadores.

Ayer Tomada recalcó que la decisión de la comisión sobre un caso en particular no versará acerca de la legalidad o no de una medida de fuerza. «No tiene que ver con declarar a una huelga ilegal. Sólo la Justicia lo puede hacer», subrayó.