Madrid (DPA, AFP, ANSA) - La polémica entre la Iglesia española y el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se acentuó ayer, con nuevos intercambios acerca de la orden judicial de retirar los crucifijos y otros símbolos de una escuela pública de la localidad de Valladolid.
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«La Constitución dice que España es un Estado aconfesional y, por tanto, la escuela también debe serlo», explicó la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, al diario conservador «ABC», luego de airados reclamos de la jerarquía católica, incluido el Vaticano, y el opositor Partido Popular, sobre el que la institución religiosa tiene gran influencia.
Ante una demanda del padre de un alumno, el juez Alejandro Valentín ordenó, en una decisión inédita en España, retirar un crucifijo de la escuela pública Macías Picavea de Valladolid, capital de Castilla y León, bastión del PP. «Los padres tienen derecho a pedir que se retiren los símbolos religiosos», enfatizó la ministra socialista. A su vez, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, esgrimió que le parece « deseable» el retiro de símbolos de este tipo.
Polémica
Desde el Vaticano, se sumó a la polémica el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, monseñor Gianfranco Ravasi, para quien la prohibición de crucifijos representa una «pérdida cultural, además de la renuncia a uno de los símbolos más expresivos del dolor de la humanidad».
El ministro vaticano de Cultura citó a la escritora Natalia Ginzburg, agnóstica de origen judío. «Sería bueno hacer circular algo que escribió (Ginzburg) en los años 80, publicado en el diario 'L'Unita' (comunista), en el cual se hablaba del mismo argumento», comentó el religioso.
Ese texto se titulaba, recordó, «No quiten el crucifijo» y explicaba que «el crucifijo es uno de los símbolos fundamentales que reúne el dolor de la humanidad, no hay signo que hable mejor de la violencia y de las víctimas, y retirarlo significa querer negar la evidencia».
Odio
El diario del Vaticano «L'Osservatore Romano» criticó el lunes la decisión judicial, a la que calificó como un acto de «odio antirreligioso», mientras que el cardenal español Carlos Amigo estimó que «no favorece la cohabitación» y hay que respetar todos los símbolos religiosos.
El presidente del gobierno español expresó, por su parte, que respeta la decisión del juez. España es un Estado aconfesional desde 1978, tres años después de que hubo finalizado el régimen franquista (1939-1975)..
«Las medidas drásticas no educan a las personas», había dicho Amigo. Lo importante no es «tirar por la borda» los símbolos religiosos, sino «ayudar a respetarlos», aseguró. «A la mayoría de los españoles no les molesta que haya un crucifijo en las aulas», manifestó por su parte la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
«La presencia de estos símbolos en las zonas comunes, donde reciben educación menores de edad en plena fase de formación de su voluntad e intelecto, puede provocar en éstos el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos presentes que a otras confesiones», indicó la sentencia judicial conocida el sábado y que se convirtió en un nuevo motivo de choque entre Iglesia y gobierno.
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