Cristina firmó decreto para prorrogar Presupuesto a 2011

El DNU que modificó el Presupuesto 2010 para aplicarlo en 2011 actualizó todo el plan de obras en infraestructura e inversiones, además de garantizar nuevo financiamiento.

Cristina de Kirchner ya tiene Presupuesto para 2011. Ayer, tal como adelantó este diario, se publicó en el Boletín Oficial un entramado de decretos por los que prorrogó el Presupuesto 2010 y se lo modificó creando, en la realidad, uno nuevo que se utilizará desde el 1 de enero.

En esas modificaciones, el Gobierno incorporó mayor gasto y reasignó partidas para obras, subsidios para energía y transporte, ajustó el pago de salarios para toda la administración pública y creó un nuevo Fondo de Desendeudamiento con u$s 7.504 millones que se tomarán de las reservas del Banco Central para cancelar deuda a bonistas.

El esquema que eligió el Gobierno siguió, en lo formal, el camino que marca el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera para el caso de que el Congreso no aprobara el Presupuesto nacional. Así, la Presidente firmó un decreto simple en que prorroga la vigencia del Presupuesto 2010: «A partir del 1 de enero de 2011 rigen ... las disposiciones de la Ley N° 26.546 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010», dice el texto y luego instruye al jefe de Gabinete a realizar todas las reasignaciones de partidas necesarias.

Pero al mismo tiempo, Cristina de Kirchner firmó otro DNU, el 2054/2010, en el que establece disposiciones complementarias a la prórroga. En el anexo a esa medida se establece, prácticamente, un nuevo presupuesto.

Con el fundamento en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de disposiciones legislativas, ese reforma habilita las operaciones de crédito público para financiar desde el servicio de deuda hasta el financiamiento de satélites, la autorización a la Tesorería para hacer uso de crédito transitorio o el otorgamiento de avales para obra pública, compra de aviones o la construcción de una nueva central de energía nuclear.

De acuerdo con el artículo 22 de ese anexo se crea el Fondo de Desendeudamiento destinado «a la cancelación de los servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2011».

Así, dice el decreto, se dará «certeza sobre el normal cumplimiento de las obligaciones del Estado nacional, aun en caso de que persista la volatilidad en los mercados financieros internacionales».

Para conformarlo, tal como se hizo este año, se faculta a Amado Boudou a emitir una Letra intransferible en dólares por u$s 7.504 millones que será colocada en el Banco Central a cambio del retiro de reservas. (Ver nota aparte.)

El decreto establece para 2011 un monto máximo de $ 14 mil millones autorizados a la Tesorería General de la Nación, para hacer uso transitorio del crédito a corto plazo. Y otro cupo de $ 6 mil millones para que la Secretaría de Hacienda emita y coloque Letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero. En este caso, serán utilizados «como garantía para las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, la importación de energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, así como también de componentes extranjeros y bienes de capital de proyectos y obras públicas nacionales, realizadas o a realizarse».

Para inversiones «prioritarias», en el Ministerio de Planificación Federal, se autorizaron otros u$s 7.599 millones. No es el único financiamiento que se le otorgó a Planificación Federal: en el artículo 16 se autoriza a otorgar avales para obras de infraestructura y equipamiento por u$s 18.180 millones.

Entre esos avales que se otorgan, están u$s 1.222 millones para financiar las represas de Cóndor Cliff-Barrancosa, Chihuidos, Los Blancos y Punta Negra, u$s 780 millones para AYSA y otros u$s 700 millones para Atucha III, además de acueductos, gasoductos, rutas y autopistas.

En el nuevo Presupuesto por decreto, que claramente regirá todo el año, ya que parece imposible que el Congreso avance con otra ley, el Gobierno se autorizó a tomar créditos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil por un máximo de u$s 2.500 millones de dólares y estableció el financiamiento del nuevo Ministerio de Seguridad y una capitalización de $ 100 millones al BICE.