Cristina vinculó a buitres con la quiebra de Donnelley y la denuncia

Cristina de Kirchner ayer, cuando anunció un plan de viviendas acompañada por el ministro de Economía, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el titular de Planificación, Julio De Vido.

La presidente Cristina de Kirchner anunció ayer que el Gobierno denunciará a la imprenta Donnelley "por alteración al orden económico y financiero", en el marco de la aplicación de la Ley Antiterrorista. La mandataria reveló que el anuncio de quiebra realizado por la imprenta buscó "crear el temor" en la población y señaló que Paul Singer, titular del fondo buitre NML, había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, que tiene participación accionaria en la empresa gráfica.

La jefa de Estado diferenció la situación de Donnelley de la empresa Lear, que, indicó, se encuentra en el marco de un conflicto sindical. Remarcó al respecto que la gráfica buscó "crear temor en la población" respecto de la pérdida de fuentes de trabajo y que la quiebra presentada "es fraudulenta", lo que motiva la aplicación de la denuncia penal. Durante su discurso en la Casa Rosada, se refirió a la Ley Antiterrorista y a las críticas que recibió, y afirmó que "este Gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos".

La mandataria también aludió a las declaraciones del titular del fondo buitre Aurelius, Mark Brodsky, quien dio por cerrada las negociaciones con bancos privados al tiempo que advirtió que "lo peor está por venir" para la Argentina. Al respecto, enfatizó que "los fondos buitre no quieren arreglar, no solamente por avaricia, sino por una decisión política y geopolítica. Quieren volver a endeudar a la Argentina y que se caiga toda la reestructuración de la deuda".

Dijo que el fondo Aurelius y el que maneja Singer juegan "al policía malo y al policía bueno, pero todos son malos y están desquiciando el sistema económico financiero mundial". "En Europa ya legislaron sobre esto, falta que lo haga Estados Unidos, donde estos fondos están asentados y operan con el apoyo del juez Griesa", agregó.

Cristina señaló que "están amenazando a un país" y explicó la relación de Singer con la empresa gráfica y el fondo BlackRock. Sostuvo que Singer poseía el 7% de las acciones de Donnelley, empresa que tiene un 60% de acciones de los fondos, y que se las transfirió a BlackRock.

También informó que la empresa no presenta problemas económicos y que, curiosamente, el viernes 8 de agosto presentó un pedido de quiebra en el Juzgado Comercial 19, Secretaría 37, a cargo del juez Gerardo Sandiglia, y que el auto de quiebra salió el lunes 11. "Una quiebra exprés", ironizó Cristina.

Por este motivo, la AFIP ayer se presentó ante este juzgado para que se revoque la quiebra presentada por Donnelley, argumentando que la empresa no tiene una deuda significativa, sus activos son superiores al pasivo y no registra oscilaciones en su producción durante los últimos años.

Según fuentes oficiales, la imprenta tiene una deuda menor a los $ 100.000 con la AFIP, y su activo de $ 180 millones es superior al pasivo, que resulta de $ 140 millones.

Además, la Presidente adelantó que el Gobierno también hará una presentación internacional ante la SEC, porque la empresa tendrá que explicar a sus accionistas por qué motivo presentaron quiebra teniendo una situación contable normal.

Por último, Cristina de Kirchner salió en defensa del proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y dijo que los empresarios podrán plantear su posición en torno al tema en las comisiones legislativas en las que se discutirán esas iniciativas.

"No son iniciativas elaboradas por un bando, como dicen algunos empresarios, sino proyectos de ley que las cámaras empresariales y las asociaciones de consumidores van a poder ir a las comisiones del Congreso para discutirlos y para proponer lo que quieran", dijo la Presidente en respuesta a las críticas formuladas durante los últimos días por banqueros, empresarios e industriales.

La jefa de Estado sostuvo que "usuarios y consumidores deben tener protección" y que el objetivo de esas iniciativas no es "fundir a ningún empresario". "Lo que no queremos es que fundan a los argentinos, a los usuarios y consumidores", subrayó.