31 de marzo 2010 - 00:00

CTA: cerca de personería entre ruidos de fractura

CTA: cerca de personería entre ruidos de fractura
Los dos caciques de más peso de la CTA, el docente Hugo Yasky y el estatal Víctor de Gennaro, protagonizan un duelo secreto, aunque cada vez más brutal y visible, que arrastra al ring a los dos gremios insignia de la central paralela: los maestros y ATE.

La tensión, que estalló dos años atrás y tuvo como eje la postura política ante los Kirchner, se agravó en las últimas semanas -hasta con episodios violentos- y anticipa una disputa intensa en torno a la elección de autoridades programada para el 23 de setiembre.

La paradoja es que la crisis en la CTA se produce en momentos en que la ansiada personería gremial parece, siquiera en el imaginario, a punto de concretarse. Podría ocurrir lo peor: obtener el aval legal y, a la vez, comenzar a desintegrarse. Un karma.

Es más. Entre el 6 y el 7 de abril, una comitiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegará a Buenos Aires para hacer un informe in situ sobre la democracia sindical en el país. Se entrevistará con la CGT, la CTA, la Corte, legisladores y el Gobierno.

A las 72 horas, deberán dejar un dictamen que se anticipa crítico -la OIT emitió, antes, observaciones sobre la falta de libertad sindical-, aunque la clave será otra: qué propone para resolver el entuerto, si la vía legislativa o la vía administrativa.

La visita tiene un doblez: la armó Carlos Tomada para evitar que en la cumbre anual de OIT haya dos advertencias al Gobierno. El ministro «canjeó» la llegada de la comitiva a cambio de que levanten un «pie de página», tal como se llaman las referencias críticas.

¿Por qué, si antes desoyó a ese organismo, ahora el Gobierno acataría su dictamen? Quizá la respuesta esté en que confían en el argumento de que para otorgar la personería es necesario cambiar la Ley de Asociaciones Sindicales, con lo cual el «problema» pasaría al Congreso.

Hostiles

En ese caso, el expediente entraría en un circuito de dilaciones. Por esa razón, en CTA insisten con que las cuestiones esenciales pueden resolverse por decreto: el descuento de la cuota sindical de los simplemente inscriptos y su inclusión en el régimen impositivo gremial. Lo demás -la igualdad ante la ley y los fueros- ya lo destrabó la Corte Suprema con sus fallos.

Brota, ante eso, una objeción más firme al Gobierno: hace un año y medio, dicen en CTA, no se aceptan inscripciones. El único que logró un salvoconducto fue Facundo Moyano: el hijo del camionero consiguió en tiempo récord el reconocimiento para su gremio de peajeros, el SUTPA.

La arista administrativa sobre la personería se enturbia y rebota hacia adentro de la central, cuando aparece el factor político. En definitiva, los Kirchner eligieron como aliados a Hugo Moyano y su CGT, y relegaron a una posición periférica a la otra central.

Ése es el vértice de la tensión interna: Yasky es filo-K; De Gennaro es anti-K. Ambos proyectan a la CTA como motor de un esquema «progre», aunque el primero simpatiza más con la línea neutra, en alianza con Martín Sabbatella, mientras el segundo activa un frente abiertamente enfrentado a los Kirchner, en alianza con Fernando Pino Solanas.

A su vez, en la provincia de Buenos Aires, esa batalla tomó una dimensión inédita: en territorio de Daniel Scioli, Roberto Baradell, de SUTEBA, y Hugo «Cachorro» Godoy, de ATE, desarrollan una pulseada explosiva que días atrás derivó en la toma del Ministerio de Educación bonaerense.

En ese clima hostil, ambos grupos negocian contra reloj para tratar de sellar un pacto que evite la confrontación el 23 de setiembre cuando se elige secretario general de la CTA nacional y a los jefes de los 22 filiales provinciales.

En estos días, la posibilidad de un acuerdo Yasky-De Gennaro parece imposible, al punto que se evalúan reformas del Estatuto ante la eventualidad de una confrontación en las urnas. La idea es modificar el esquema de reparto: que la composición de los consejos directivos no sea por un sistema duro de mayoría-minoría, sino proporcional del porcentaje de votos que obtenga cada lista.

Hay otro asunto de porcientos: en voz baja se discute la propuesta de retocar la «coparticipación» de los recursos sindicales que ahora quedan un 70% para las centrales provinciales mientras el resto va a la nacional. Hay una hipótesis para fijar 60% a 40%.

¿Asoma una ruptura? Ambos sectores, mientras se preparan para ir a la trinchera, juran que no, que acatarán el resultado, pero esas promesas se hacen cuando ambos presumen que serán los futuros ganadores.

La voluntad de acercamiento podrá palparse en la reunión de la Mesa Nacional -consejo directivo nacional más los secretarios generales provinciales-, prevista para el 22 de abril, que deberá confirmar la convocatoria a un congreso que podría realizarse el 14 de mayo.

Esa cumbre será, entonces, decisiva: aunque no aparecen, por ahora, problemas respecto de la composición de la Junta Electoral -seguiría Jorge Córdoba, bien mirado por los dos grupos-, el indicador será si se avanza, o no, en la modificación del modelo de reparto de cargos.

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