• LUEGO DE LA CAUSA PENAL ARRANCARÁN JUICIOS POR EVASIÓN FISCAL Leandro Cuccioli reveló que el organismo procura detectar la dirección IP desde donde se emitieron documentos apócrifos.
Nuevo documento. Cuccioli, junto a Miguel Etchevehere y Ricardo Negri en el salón Carlos Tacchi donde presentaron un remito electrónico para el traslado de productos de la cadena agrícola.
La semana pasada fue muy complicada para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reveló su titular, Leandro Cuccioli. Es que el juez que investiga la "causa de los cuadernos", Claudio Bonadio, lo bombardeó con pedidos de investigación de evasión fiscal de las empresas involucradas en el escándalo. En los últimos días los pedidos disminuyeron, pero el trabajo que queda por delante es enorme y ya comenzó. "Estamos buscando usinas de facturas electrónicas truchas", informó el funcionario a un grupo de periodistas en la sede del organismo recaudador, donde anunció nuevas medidas de control para la cadena agrícola (ver aparte). Según detalló, es el paso necesario que tendrían que haber dado las compañías acusadas para poder blanquear el dinero negro que fue entregado a funcionarios de la anterior administración. Cuccioli aclaró que "la investigación penal del juez va por un lado" mientras que el trabajo de la AFIP se corresponde con "el fuero penal tributario". La búsqueda que se está llevando a cabo en el organismo recaudador sigue los mismos pasos que cualquier pesquisa de las que se hacen habitualmente. La diferencia es que el tamaño y complejidad de la solicitud de Bonadio obligó a destacar un grupo de técnicos abocados exclusivamente a trabajar en ello. Se los denomina Grupo de Acción Fiscal (GAF). Cuccioli describió cómo se supone que pasaron a estar declarados fondos de la irregularidad: "Alguien desde una IP emitía facturas electrónicas truchas". En rigor, no es una sola dirección de internet que emitía documentos electrónicos apócrifos, sino varias. La dirección IP (Internet Protocol) es una serie de números que identifica a una computadora en la red. Es como un documento de identidad del dispositivo. Dar con ello no es una tarea sencilla, pero es posible.
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El problema luego lo van a tener las empresas constructoras ya que van a ser pasibles de una acusación ante la Justicia Penal Tributaria. Los empresarios que participaron de las supuestas maniobras pueden quedar a salvo de la cárcel en caso de reconocer la maniobra, pero las empresas deberán devolver cada peso que hubieran evadido más las multas e intereses correspondientes. Los funcionarios de la AFIP estiman que hacia fines del año varios "arrepentidos" podrían revelar los detalles del mecanismo que abrirán nuevas presentaciones judiciales. El organismo recaudador va a rastrear maniobras con posibles consultoras creadas ad hoc que prestaban servicios inexistentes. La otra opción es que las constructoras hubieran contado previamente con usinas de generación de dinero en negro, que se usa para gastos habituales y corrientes. De acuerdo con la legislación, el directorio de la empresa puede quedar involucrado, además de los gerentes o personal que haya entregado un bolso con dinero.
Más allá de los pedidos de Bonadio, Cuccioli tiene la obligación de iniciar una investigación en caso de tener conocimiento de que se hayan producido maniobras de evasión. De no hacerlo, puede ser acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público.
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