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Cuba rompe su aislamiento sin ceder nada
Estos son, además, los últimos de una larga serie de gestos amistosos unilaterales hacia La Habana. Reunidos en Chile, en marzo pasado, los ministros de Defensa de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) instaron a Estados Unidos a levantar el embargo económico sobre Cuba. El tema estuvo también en la agenda de la reunión que mantuvo el presidente norteamericano, Barack Obama, con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Organizaciones prestigiosas, como el Instituto Brookings, de Washington, también le recomendaron a Obama suavizar su política hacia Cuba, y hasta senadores republicanos se sumaron a ese pedido. De hecho, el nuevo mandatario estadounidense ya eliminó las restricciones impuestas por su predecesor en materia de viajes y envío de remesas a la isla.
En lo que va del año, siete jefes de Estado latinoamericanos visitaron Cuba. Al presidente de Panamá, Martín Torrijos, lo siguieron sus pares de Ecuador, Rafael Correa; de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; de Chile, Michelle Bachelet; de Guatemala, Álvaro Colom; de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Honduras, Manuel Zelaya.
Ninguno de ellos expresó preocupación por la falta de libertades. Más aún, Bachelet dijo que Cuba es «una democracia diferente», mientras para Cristina de Kirchner «el tema derechos humanos tiene que ver con las características en que se ha visto inmersa la isla, con un bloqueo, con atentados». El comentario de la presidenta chilena motivó una réplica de su compatriota, el escritor y diplomático Jorge Edwards, a quien Fidel Castro declaró persona non grata en 1972 por haberse reunido en La Habana con intelectuales disidentes. Edwards le recordó a Bachelet que «en los años 60 y 70 del siglo pasado, se decía exactamente lo mismo de Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria», pero después se supo «muy bien en qué consistían esas democracias diferentes donde la institución que funcionaba mejor era la policía secreta».
Marca genética
Ninguno de los gestos mencionados fue contraprestado por un régimen que sigue en sus trece, como lo demuestra la última purga en la cumbre castrista. Todo Gobierno tiene derecho a remover funcionarios, pero la degradación pública de quienes hasta ayer eran «los más fieles intérpretes de las ideas de Fidel» es una marca genética de autoritarismo estalinista.
Amnesty International acaba de solicitar que Cuba libere a los 57 activistas políticos y de derechos humanos detenidos durante la campaña represiva de marzo de 2003 y cuyo único delito «fue ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión». Pero, según el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, Cuba no puede liberar a presos políticos porque «no existen», son «agentes pagados» por Estados Unidos.
No es la primera vez que, frente a gestos de apertura, el Gobierno cubano se afirma en su autoritarismo. Un año después de la visita de Juan Pablo II a la isla en 1998, Fidel Castro reformó el Código Penal, extendiendo la aplicación de la pena de muerte -cuya sola evocación generó aquí una reacción indignada de los mismos que no le reclaman nada a Cuba- a más delitos, lo que despertó duras, pero solitarias críticas de la Iglesia Católica de ese país.
Las motivaciones del régimen castrista son claras. El embargo, que intencionadamente llama «bloqueo», ha sido la excusa ideal para todos sus fracasos y abusos de poder, a la vez que elemento de galvanización interna.
En cuanto a quienes tienden la mano a Cuba sin exigir contrapartidas, caben dos conclusiones. La primera es que existe un negacionismo «políticamente correcto»: el que pasa por alto los crímenes de Estado cometidos en nombre del comunismo. La segunda, que la dirigencia latinoamericana parece más interesada en captar votos progresistas en sus propios países que en la suerte del pueblo cubano.


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